Vox ha registrado una enmienda de totalidad en el Congreso para que la Cámara devuelva al Gobierno, y por tanto no tramite, el proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, al considerar que busca imprimir un “control administrativo excesivo” sobre la influencia de los ‘lobbies’ en la toma de decisiones públicas, pero dejando expresamente fuera a partidos, sindicatos y asociaciones empresariales.
Según exponen en su enmienda de totalidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, “lejos de establecer una regulación equilibrada y objetiva”, el texto introduce un marco normativo que “podría derivar en un control administrativo excesivo, dirigido principalmente a la fiscalización de entidades privadas y sectores no alineados con la acción gubernamental”.
Pero la principal crítica de Vox es que el Gobierno plantea una aplicación “asimétrica” de esta regulación que “desvirtúa por completo” el objetivo de la ley al no considerar grupo de interés a los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales.
EXIME DE CONTROL A SUS ALIADOS ESTRATÉGICOS
Para los de Santiago Abascal, esa exclusión “no es casual”, sino que “responde a la voluntad del Gobierno de proteger a sus aliados estratégicos y a quienes, bajo el paraguas de la concertación social y la intervención pública, han consolidado su posición como los principales grupos de interés en España, al mismo tiempo que reciben millones de euros anualmente del erario, porque no son capaces de sostenerse solo con las cuotas de sus afiliados”.
En este contexto, denuncian que se quiera imponer “un marco regulatorio estricto” para las entidades privadas que buscan intervenir en la formulación de políticas, pero se deje “vía libre a los partidos políticos para ejercer su presión sobre los empleados públicos sin restricciones ni exigencias de transparencia”.
Según Vox, si el objetivo de esta ley fuese realmente garantizar la integridad y la rendición de cuentas en la actividad de la influencia pública, el Gobierno “debería comenzar por hacer públicos los contactos y reuniones del presidente del Gobierno con los dirigentes de las principales empresas españolas”. Abascal lleva meses exigiendo al presidente Pedro Sánchez que desvele con qué responsables de empresas del Ibex se reunió para pedirles que recibieran a su mujer, Begoña Gómez.
“El Gobierno pretende centrar la vigilancia en grupos de menor tamaño, garantizando que solo quienes cuenten con el beneplácito del poder puedan seguir operando con normalidad”, protesta Vox en su enmienda de devolución.
CENSURA INSTITUCIONALIZADA
Además, sostiene que el Registro de Grupos de Interés de la Administración General del Estado (AGE) donde deberán inscribirse y que gestionará la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, “abre la puerta a un modelo de control selectivo que podría derivar en censura institucionalizada”,
Vox tampoco está conforme con que se prohíba a los altos cargos de la AGE trabajar en ‘lobbies’ dedicados a los temas que han tratado en la administración, durante los dos años posteriores a dejar su responsabilidad pública. Para el partido se trata de una limitación “insuficiente” que será “fácilmente sorteada”.
“En conclusión, el proyecto de ley tal y como está configurado, no busca regular la actividad de influencia, sino someter a control únicamente a aquellos grupos de interés que no gozan del favor del Gobierno, perpetuando así una estructura de influencia política encubierta bajo el pretexto de la transparencia, blindando los intereses de sus aliados”, resume la enmienda de totalidad.
