Los Gobiernos de la Región de Murcia, Andalucía y Valenciana han demandado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) la convocatoria “urgente” de una reunión con las comunidades autónomas afectadas por el “recorte” al trasvase Tajo-Segura.
La consejera Sara Rubira y su homólogo valenciano, Miguel Barrachina, se reunieron este miércoles por la tarde en la sede de la Conselleria de Agua, Agricultura y Ganadería, donde acordaron reclamar este encuentro al Miteco en coordinación con Andalucía, según informaron fuentes del Gobierno murciano en un comunicado.
“Hace más de un año se nos convocó a una reunión para poder participar en este proceso. Una reunión sin datos y sin guion que no se volvió a repetir. Ahora sabemos que las aportaciones que remitimos al Ministerio no han sido tenidas en cuenta”, aseguró la consejera.
“El Gobierno de la Región de Murcia hará lo que esté al alcance de su mano para frenar esta injusticia y este castigo a la Región y a sus regantes”, afirmó.
Ambos consejeros acusaron al Gobierno central de “usar a los regantes del Levante como moneda de cambio para sus intereses partidistas en Castilla-La Mancha”.
Asimismo, condenaron los planes del Ejecutivo central para el trasvase Tajo-Segura, que supondrán la pérdida de más del 50 por ciento del agua que reciben los regadíos de Almería, Alicante y la Región de Murcia.
La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca afirmó al término del encuentro que “el Gobierno de Sánchez quiere un ‘apagón hídrico’ en el Levante cuando las reservas de los pantanos de cabecera están en máximos históricos”.
Rubira indicó que “los más de 1.500 hm3 que se almacenan en Entrepeñas y Buendía hacen aún más incomprensible esta decisión arbitraria del Ministerio que sólo pretende castigar al Levante y contentar a Castilla-La Mancha”.
“Una vez más, Sánchez utiliza lo que es de todos para satisfacer sus intereses políticos y partidistas. Para elevar dos centímetros el cauce del Tajo va a poner en juego más de 15.000 empleos y la desaparición de más de 27.000 hectáreas de cultivo, que supondrán la pérdida de 5.600 millones de euros”, añadió.
“Las intenciones del Gobierno central son claras, quieren terminar con una infraestructura única, modélica, un ejemplo de solidaridad y cohesión territorial. En España hay agua suficiente aunque mal repartida, y es necesario trabajar para tener las infraestructuras necesarias, para que esta pueda llegar de donde sobra, cuando sobra, a donde hace falta, cuando falta”, concluyó la consejera.
En la misma línea, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Miguel Barrachina, coincidió en denunciar “la imposición de decisiones unilaterales por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, que afectan gravemente a la economía, al empleo y al futuro de miles de familias que dependen directa o indirectamente del agua trasvasada”.
Barrachina fue tajante al respecto: “No se puede gobernar el agua desde un despacho en Moncloa sin escuchar a quienes producen alimentos para toda Europa. Estas nuevas reglas son una agresión directa a nuestros agricultores, que han demostrado durante décadas cómo hacer un uso eficiente, sostenible y solidario del recurso hídrico”.
“Lo que exigimos es justicia hídrica. El agua es de todos y debe gestionarse con sentido común, no como un arma política al servicio de intereses partidistas”, insistió el conseller en un comunicado.
DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO
Las tres comunidades autónomas han reiterado su disposición al diálogo, pero advierten que no aceptarán imposiciones que debiliten el tejido productivo agroalimentario ni que pongan en riesgo el abastecimiento de millones de ciudadanos.
Desde la Generalitat señalan que la propuesta de nuevas reglas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica “endurece de forma severa los umbrales para autorizar trasvases, en contra del equilibrio territorial y de la equidad hídrica”.
Entre las medidas contempladas figura el aumento de los requisitos para autorizar el máximo trasvase (60 hectómetros cúbicos), que solo se permitiría cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía superen los 1.600 hectómetros cúbicos o las aportaciones anuales sean de, al menos, 1.400 hectómetros cúbicos. Además, en caso de Nivel 2, el volumen autorizado se reduciría progresivamente hasta los 18 hectómetros cúbicos mensuales en 2027, detallan.
También se prevén modificaciones en el Nivel 3, que permitía traspasar hasta 20 hectómetros cúbicos y que a partir de ahora queda fijado en 11 hectómetros cúbicos, lo que representa un nuevo obstáculo para garantizar el abastecimiento y el riego, agregan.
Barrachina opina que “estas decisiones suponen la puntilla al trasvase Tajo-Segura y demuestran una clara voluntad de restringir el uso de un recurso esencial para el desarrollo de nuestras comunidades autónomas”.
