La decisión de Santiago Abascal de romper los gobiernos de coalición con el PP en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia y de dejar de prestar apoyo externo a los ‘populares’ en Baleares cumple este viernes un año, pero Vox continúa siendo decisivo en estas autonomías. A nivel nacional, las relaciones entre los dos partidos no se han engrasado y el líder del PP, Alberto Núñez, proclama que no quiere ministros de Vox en su gobierno.
Los gobiernos de coalición autonómicos fueron resultado de las elecciones del 28 de mayo de 2023 y, en algunos casos, no fue fácil alumbrarlos. Algunos barones ‘populares’, como el valenciano Carlos Mazón, asumieron deprisa que si querían gobernar debían integrar a Vox, pero otros, como la extremeña María Guardiola, tenían más reparos y trataron de evitarlo. Al final se logró el acuerdo en todas aquellas en las que se requería y Vox entró en los ejecutivos autonómicos con vicepresidencias y consejerías, según el peso logrado en las urnas.
Las relaciones se enconaron por la crisis migratoria en las Islas Canarias, que hizo que el Gobierno de Pedro Sánchez planteara la necesidad de distribuir a los menores migrantes que llegaban a territorio canario por la Península, para aliviar su carga. Vox se opuso frontalmente al reparto y urgió a su socio de gobierno a no aceptar a ningún menor migrante en esas comunidades. Cuando el PP abrió la puerta a aceptarlos, Abascal consumó su amenaza y aseguró que Vox pasaría a ser una oposición “leal y contundente” en esas regiones.
Un año después, el PP ha sufrido las consecuencias de gobernar en minoría sobre todo a la hora de sacar adelante los presupuestos autonómicos, habida cuenta de que necesita el voto favorable de Vox. De hecho, de las cinco comunidades más Baleares, los ‘populares’ han logrado pactar las cuentas públicas regionales en la Comunidad Valenciana, Murcia y las islas, pero no en Aragón, Castilla y León y Extremadura.
Vox se congratula de hacer valer el peso que los electores le otorgan en las urnas e ir a las negociaciones con condiciones que representan el núcleo de sus posicionamientos políticos. Para alcanzar pactos que permitieran aprobar las cuentas autonómicas, Vox trasladó al PP que debían renunciar a las políticas verdes y a las que, a su juicio, favorecen la inmigración irregular.
La respuesta del PP ha sido desigual. Mazón fue el primero de los barones autonómicos en asumir varias de las medidas de los de Abascal en materia de inmigración y políticas climáticas, y lo hizo ya esta primavera, tras quedar en una posición muy debilitada por la gestión de la dana que dejó más de doscientos muertos.
Cuando Mazón anunció el acuerdo, cargó contra el Pacto Verde Europeo y
