La Comisión Europea ha anunciado un expediente de infracción contra España debido a los poderes discrecionales que varias normas de la legislación española otorgan al Gobierno para frenar operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell, al considerar que su alcance permite actuar más allá del interés general.
El Ejecutivo comunitario da ahora dos meses al Gobierno para que responda a sus inquietudes, que abarcan desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo hasta dudas sobre si la intervención del Gobierno en la operación responde a un verdadero motivo de interés general.
Fuentes comunitarias han señalado que, si hubiese habido algún tipo de motivo genuino de interés público, esta intervención no habría supuesto un problema, pero advierten de que en este tipo de cuestiones bancarias no cabía elevar la decisión de la CNMC al Consejo de Ministros, como se hizo el 27 de mayo.
El envío de esta carta de emplazamiento es el primer paso de un expediente sancionador que abrirá un diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias y que, si no hay acuerdo, podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
El proceso no frena por ahora la OPA de BBVA a Sabadell, ya que lo que preocupa al Ejecutivo comunitario no es la operación en sí, sino que la legislación española no está alineada con el Derecho de la UE, especialmente respecto a la directiva de requisitos de capital y la ley de supervisión bancaria.
Estas normativas otorgan al ministro de Economía una capacidad discrecional de veto que puede socavar las competencias exclusivas del Banco Central Europeo, una preocupación central de Bruselas.
