Las autoridades estadounidenses han señalado por incitación antisemita a la secretaria general de Podemos y exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por haber organizado un acto en el Congreso de los Diputados bajo el título ‘Defensa de Palestina y criminalización en Europa’, en el que intervinieron dos activistas propalestinas.
“El 3 de junio de 2024, la diputada y exministra de Derechos Sociales Ione Belarra organizó un evento en el Parlamento durante el cual las oradoras invitadas glorificaron el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel y afirmaron que Israel no tenía derecho a existir”, señala el informe anual de Derechos Humanos publicado este martes por el Departamento de Estado.
En el apartado del documento sobre ‘actos de antisemitismo e incitación antisemita’, la cartera diplomática ha recogido que grupos de la comunidad judía expresaron su preocupación por el uso de lemas considerados antisemitas por parte de políticos.
De hecho, ha subrayado que el Ministerio del Interior ha registrado un aumento significativo en el número de delitos de odio antisemitas, al pasar de 13 en 2022 a 23 en 2023, lo que representa un incremento del 77 %. Además, el Observatorio de Antisemitismo de la Federación de Comunidades Judías de España denunció “múltiples incidentes antisemitas durante el año”.
En este sentido, ha recogido que dichos incidentes incluyeron discursos de odio antisemitas en redes sociales, amenazas de violencia contra personas judías y actos de vandalismo. Asimismo, la Red Académica contra el Antisemitismo denunció “un ambiente hostil en los campus” universitarios, señalando casos de acoso a estudiantes y académicos judíos.
El informe también aborda otros asuntos, como la libertad de prensa y los derechos laborales, recordando que varias organizaciones no gubernamentales siguen denunciando que la Policía continúa restringiendo la libertad de expresión en el marco de la conocida como ‘Ley Mordaza’.
No obstante, Washington ha concluido que en España no se han producido cambios significativos en la situación de los Derechos Humanos, considerando que no ha habido “informes creíbles de violaciones significativas” y que el Gobierno ha tomado “medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que han cometido abusos”.
