El Gobierno federal de Bélgica logró cerrar en las últimas horas un acuerdo presupuestario valorado en 9.200 millones de euros, tras meses de negociaciones internas marcadas por tensiones crecientes dentro de la heterogénea coalición de cinco partidos. El pacto, considerado esencial para garantizar la estabilidad política del país, permite al Ejecutivo avanzar en su estrategia de consolidación fiscal en un contexto de déficit elevado y presión europea para la corrección de desequilibrios.
Un consenso frágil pero decisivo
La negociación se prolongó durante semanas, con acusaciones cruzadas entre los socios sobre el reparto del ajuste y la orientación de las nuevas medidas fiscales. Finalmente, el acuerdo se alcanzó en torno a un paquete que combina recortes selectivos, incrementos tributarios específicos y una renuncia expresa a aplicar subidas generales del IVA, una línea roja para varios partidos de la coalición.
El déficit belga ronda en estos momentos el 4,5% del PIB, mientras que la deuda supera el 100%. Tanto la Comisión Europea como las agencias de calificación habían advertido en los últimos meses de la necesidad de un plan fiscal creíble, bajo la amenaza de un deterioro adicional de la posición financiera del país.
Medidas principales del paquete
El texto pactado recoge varias reformas destacadas:
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Aumento del impuesto al CO₂, que afectará progresivamente a los combustibles, dentro del compromiso climático y de reducción de emisiones.
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Reforma del régimen de coches de empresa, con una reducción gradual de los beneficios fiscales, lo que afectará a una parte significativa de los trabajadores belgas.
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Recortes de gasto de carácter selectivo, orientados a departamentos con menor impacto social inmediato, aunque sin detallar aún el reparto exacto por áreas ministeriales.
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Rechazo a una subida generalizada del IVA, preservando el consumo en un momento de desaceleración económica.
Las medidas combinadas buscan aliviar la presión sobre las cuentas públicas sin asfixiar la actividad económica ni provocar un desgaste político irreversible dentro de la coalición.
Reacciones políticas y económicas
El primer ministro defendió el acuerdo como “responsable y equilibrado”, mientras que varios socios minoritarios destacaron que se ha logrado proteger a los hogares del impacto de un aumento indiscriminado de la fiscalidad.
Los sectores económicos, por su parte, han recibido el pacto con cautela. La patronal valora positivamente la evitación de una subida masiva de impuestos al consumo, pero alerta del impacto potencial en la industria y en las empresas que dependen de flotas de vehículos corporativos. Los sindicatos, en cambio, advierten de que los recortes pueden afectar a servicios esenciales si no se ejecutan con precisión.
Un respiro antes de un año decisivo
El acuerdo presupuestario evita, por ahora, un colapso del Gobierno, pero deja entrever la fragilidad estructural de una coalición acostumbrada a tensiones continuas. Bélgica se encamina hacia un periodo político especialmente sensible, con elecciones previstas en 2026 y un clima social marcado por la inflación, el debate fiscal y la transformación energética.
Para el Ejecutivo, el reto será implementar las medidas sin agravar las divisiones internas y sin erosionar el apoyo ciudadano en un momento en que los partidos nacionalistas y populistas continúan ganando terreno en Flandes y en Valonia.
