El Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF –CCOO está aún pendiente de valorarlo– han cerrado esta noche un acuerdo plurianual para subir los salarios de los más de tres millones de funcionarios un 11% en el periodo 2025-2028, que se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028, según han informado fuentes sindicales.
La subida de este año, del 2,5%, se abonará en diciembre con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Para 2026, lo que se ha acordado es un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos. El del 2026 es el único incremento que contará con una parte fija y variable, todos los demás serán exclusivamente fijos.
Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años rondará el 11,5%.
El acuerdo incorpora además diversas mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios, como la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de las plantillas de atención al público, entre otros aspectos.
El acuerdo se ha logrado tras una nueva reunión, la segunda en esta semana, de la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, con los representantes de CCOO, UGT y CSIF, para abordar un nuevo pacto plurianual de mejoras salariales y de condiciones laborales para los empleados públicos.
Desde CSIF defiende que el acuerdo salarial alcanzado es “el mejor posible en las actuales circunstancias políticas” y supone, por un lado, acabar con la congelación salarial que estaban sufriendo los funcionarios este año y la recuperación de un 2,9% del poder adquisitivo que había perdido el colectivo.
“CSIF suscribe este acuerdo por una cuestión de responsabilidad y compromiso con los empleados públicos. Hemos conseguido el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN por el gasto en defensa”, apunta el sindicato que preside Miguel Borra.
Las partes han acordado constituir una comisión de seguimiento para asegurar el cumplimiento de las medidas pactadas en un plazo máximo de 15 días desde la firma del acuerdo. De este modo, CSIF ha subrayado que el acuerdo “no es un cheque en blanco” y que velará por su cumplimiento “en tiempo y forma”, reservándose “todas las medidas para asegurar su efectiva ejecución”.
