El Gobierno extremeño ha cesado al primo y chófer de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras conocerse que fue condenado por violencia de género hace unos meses. El caso irrumpe en plena campaña y reabre el debate sobre los controles en los nombramientos de confianza y la coherencia del discurso político en materia de violencia machista.
La Junta de Extremadura comunicó el cese inmediato del chófer oficial de María Guardiola asegurando que se hizo en cuanto se confirmó que había sido condenado “por coacciones leves” en el marco de un delito de violencia de género contra su expareja. La decisión llega pocos días antes de las elecciones autonómicas, añadiendo presión política sobre la presidenta popular en uno de los tramos más sensibles de la campaña.
El trabajador, familiar de Guardiola, fue nombrado chófer de confianza al poco de acceder ella a la presidencia regional. Según las informaciones difundidas, fue condenado a seis meses de orden de alejamiento, 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la retirada del permiso de armas, sentencia vinculada a un episodio de violencia de género contra su expareja.
La Junta sostiene que María Guardiola no tenía conocimiento previo de la condena ni de la situación judicial de su chófer hasta que esta trascendió públicamente a través de una exclusiva periodística. El propio trabajador se dirigió a la presidenta por correo electrónico y en una conversación telefónica para reconocer la condena, ya cumplida según la versión oficial, y pedir disculpas por no haberla comunicado antes.
La oposición socialista ha exigido explicaciones inmediatas, reclamando transparencia sobre los filtros aplicados a los puestos de confianza y acusando a Guardiola de falta de ejemplaridad en su entorno más cercano.
