El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, ha anunciado en una entrevista que impulsarán leyes más duras y dedicarán más recursos de las fuerzas de seguridad para combatir el extremismo, después de que el grupo Vulkangruppe (Grupo Volcán) dejara sin electricidad a unas 100.000 personas en Berlín el pasado fin de semana.
“Estamos contraatacando y no cederemos terreno a los extremistas de izquierda ni a los extremistas climáticos. Más personal, más competencias y leyes más duras son la respuesta al terrorismo”, ha afirmado Dobrindt en la entrevista publicada este domingo por ‘Bild’. La seguridad es una “prioridad absoluta”, aunque “sin dejar de lado la lucha contra el extremismo de extrema derecha”, ha subrayado.
La respuesta que preparan las autoridades incluye un incremento de personal para los servicios de inteligencia y también una ampliación de las competencias digitales para investigar el lugar de los hechos y los rastros digitales con mayor rapidez.
Los activistas provocaron un incendio en un puente que servía de soporte para cables de la infraestructura eléctrica, la última de una serie de acciones climáticas, contra infraestructuras y grandes empresas que comenzaron en 2011.
La Fiscalía Federal de Karlsruhe se ha hecho cargo de la investigación mientras el Parlamento alemán, el Bundestag, debate una reforma legal para proteger las infraestructuras críticas, la llamada Ley Kritis (acrónimo de infraestructuras críticas).
Según la propuesta del Gobierno, las empresas eléctricas, de agua y de telecomunicaciones estarían obligadas a informar de los incidentes en el futuro y a elaborar planes para gestionar cualquier riesgo imaginable. Asimismo se les exigirá una mayor protección de los sistemas informáticos para evitar el hackeo o el sabotaje. Dobrindt ha resaltado que esta sería una segunda capa de protección.
La Asociación Alemana de Ciudades y Municipios también solicita al gobierno federal una “reserva nacional para apagones” con centrales eléctricas móviles.
Según recoge ‘Bild’, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) estima en decenas de millones de euros los daños anuales causados por los ataques de extrema izquierda a empresas e infraestructuras críticas.
