El Gobierno de Israel ha tomado una de las medidas más controvertidas en relación con los territorios ocupados desde 1967 al aprobar este domingo una propuesta para registrar amplias áreas de Cisjordania como “propiedad del Estado”. La decisión, impulsada por ministros del ala ultranacionalista del Ejecutivo, ha provocado condenas internacionales y fuertes reacciones palestinas que la interpretan como una anexión encubierta del territorio ocupado.
El contenido de la medida
La iniciativa, presentada por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, el ministro de Justicia Yariv Levin y el ministro de Defensa Israel Katz, propone reabrir y poner en marcha un registro de tierras en Cisjordania por primera vez desde que comenzó la ocupación en 1967. La idea es registrar administrativamente grandes extensiones de tierra, especialmente en lo que Israel denomina Área C del territorio, como propiedad pública del Estado de Israel.
Según las autoridades israelíes, este proceso facilitará la regulación de explotaciones agrarias, la clarificación jurídica del estatus territorial y el fortalecimiento del control estatal sobre los terrenos, con el objetivo de facilitar la expansión de asentamientos y proporcionar “seguridad y gobernanza”.
Reacciones palestinas e internacionales
La medida ha sido recibida con rechazo frontal por parte de la Autoridad Palestina (ANP), que la calificó de “anexión de facto” de territorio palestino ocupado y una violación flagrante del derecho internacional. La ANP afirmó que esta acción contraviene acuerdos previos —incluidos los Acuerdos de Oslo— y resoluciones de la ONU que consideran ilegales los asentamientos en territorios ocupados.
Organizaciones como Hamas han ido aún más lejos, describiendo la decisión como “nula y sin valor” al estar tomada por una potencia ocupante que no tiene legitimidad sobre el territorio.
Además de las autoridades palestinas, varios países y actores internacionales han expresado su rechazo. Por ejemplo, el Gobierno de Turquía ha tildado el plan de “violación clara del derecho internacional” y ha instado a la comunidad global a defender el derecho de los palestinos a la autodeterminación.
Implicaciones sobre el terreno
El llamado Área C representa aproximadamente el 60% de Cisjordania y se encuentra bajo control administrativo y militar israelí desde los Acuerdos de Oslo de la década de 1990. La medida de registrar tierras como “propiedad de Estado” podría facilitar la expansión de asentamientos israelíes y reforzar el control sobre vastas zonas que hoy están bajo jurisdicción efectiva de la ANP.
Críticos de la política israelí advierten de que la medida erosionará aún más las perspectivas de una solución de dos Estados y aumentará la desplazamiento de poblaciones palestinas, dado que el registro estatal puede facilitar expropiaciones y restricciones al uso tradicional de la tierra.
