El Gobierno de España ha rechazado entablar conversaciones con Estados Unidos sobre el uso de las bases militares españolas en el contexto de la escalada del conflicto en Oriente Medio. La negativa se produce después de que la Casa Blanca asegurara que Madrid había aceptado cooperar con el Ejército estadounidense, una afirmación que el Ejecutivo español ha desmentido de forma categórica.
La portavoz de la Casa Blanca afirmó en rueda de prensa que España había accedido a colaborar militarmente con Washington tras las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump. Según esa versión, las autoridades estadounidenses estarían ya coordinándose con sus homólogos españoles para posibles operaciones relacionadas con el conflicto con Irán.
El Gobierno español ha negado tajantemente que exista ningún acuerdo para cooperar militarmente con Estados Unidos. Fuentes de Moncloa subrayan que la posición de España no ha cambiado y que no se ha autorizado ninguna nueva utilización de las bases militares situadas en territorio español.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado públicamente que las instalaciones militares españolas solo pueden utilizarse dentro de los límites establecidos por los acuerdos bilaterales y conforme al derecho internacional. Según el Ejecutivo, las bases de soberanía española no se emplearán para ninguna operación que no esté amparada por la legalidad internacional ni por el marco de Naciones Unidas.
Las declaraciones de Washington se produjeron tras las advertencias lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien criticó la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón para operaciones vinculadas a la ofensiva contra Irán. Trump llegó a calificar a España como un “aliado terrible” y amenazó con revisar las relaciones comerciales entre ambos países.
Desde el Ejecutivo español insisten en que no se ha producido ningún cambio de postura y que no existe autorización para el uso de las bases en el marco de la ofensiva militar. El Gobierno sostiene que su posición responde a la necesidad de respetar el derecho internacional y evitar una escalada militar que podría tener consecuencias graves para la estabilidad global.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en los últimos días la postura de España apelando al principio de legalidad internacional y recordando que cualquier operación militar debería contar con respaldo jurídico claro. En este contexto, el Ejecutivo ha reiterado su rechazo a participar en una intervención que no cuente con el apoyo de organismos internacionales.
La negativa española ha provocado críticas desde sectores políticos de Estados Unidos y ha abierto un nuevo frente diplomático entre Madrid y Washington. Algunos responsables estadounidenses han cuestionado el compromiso de España como aliado, mientras que el Gobierno español insiste en que su postura busca evitar una escalada bélica y mantener la estabilidad internacional.
