El Gobierno ha aprobado blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución, pese a la previsible negativa del PP, que no apoyará esta reforma constitucional que necesita de una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado.
El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Carta Magna tras recabar el informe favorable del Consejo de Estado, que ve «constitucional» la propuesta del Ejecutivo de reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria el embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad efectiva.
Esta reforma, que requiere mayorías de tres quintos en el Parlamento, se impulsa para “proteger” el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado que se avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y en su protección frente a posibles dinámicas regresivas. Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha advertido de que “no está en riesgo la libertad de las mujeres pero sí el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional”.
En este sentido, ha recordado que el 79 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros privados y solo el 20 % en centros públicos, lo que refleja desigualdades en el acceso al servicio.
“Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional”, ha insistido Redondo, subrayando que es precisamente la garantía de su prestación en la sanidad pública lo que se pretende reforzar con esta reforma constitucional.
El texto propone añadir un nuevo apartado al artículo 43 que establezca que los poderes públicos deberán garantizar este derecho en condiciones de igualdad real y efectiva, con todas las prestaciones y servicios necesarios para su ejercicio.
La reforma necesitará el apoyo de tres quintos del Congreso y del Senado, por lo que el Ejecutivo deberá recabar el respaldo del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta y ya ha mostrado su rechazo a la iniciativa.
No obstante, el Gobierno confía en que exista un amplio consenso político y social. Redondo ha apelado a todos los partidos a “estar a la altura” de una demanda que, según sostiene, cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía.
En caso de no alcanzarse la mayoría requerida, el procedimiento prevé la creación de una comisión mixta entre Congreso y Senado que elaboraría un nuevo texto para su votación, lo que evidencia la complejidad de la tramitación parlamentaria.
“Daremos la batalla porque los derechos de las mujeres no estén en riesgo”, ha concluido la ministra, en un proceso que el Gobierno considera clave para reforzar la seguridad jurídica y la protección de los derechos reproductivos en España.
