La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, en un caso que vuelve a situar el foco sobre la gestión de organismos públicos en la ciudad.
La causa parte de una denuncia presentada por Compromís, que apunta a una supuesta coordinación entre el Ayuntamiento, fundaciones municipales y la Autoridad Portuaria para favorecer la recolocación de trabajadores del extinto Consorcio València 2007.
Según la documentación remitida a la Fiscalía, se habrían activado varios procesos selectivos de forma simultánea, con el objetivo de ubicar a determinadas personas en puestos concretos dentro del sector público.
Las sospechas se centran en la posible vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Algunos testimonios apuntan a que ciertas plazas podrían haber estado asignadas de antemano, lo que habría condicionado los procesos de selección.
Además, informes de la Intervención General del Estado habrían advertido de irregularidades en estos procedimientos, reforzando las dudas sobre su legalidad.
