El Parlamento Europeo ha aprobado este martes la retirada de la inmunidad parlamentaria del eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Alvise Pérez, tras la solicitud cursada por el Tribunal Supremo español. La decisión permitirá que el alto tribunal continúe el procedimiento judicial abierto contra él por un presunto delito de acoso a la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.
La votación se ha producido en el pleno de la Eurocámara reunido en Estrasburgo, después de que la Comisión de Asuntos Jurídicos recomendara levantar la inmunidad del eurodiputado. El informe concluye que los hechos investigados se produjeron antes de que Alvise adquiriera su condición de parlamentario europeo y que no existen indicios de persecución política en la actuación judicial.
El caso se centra en una serie de publicaciones en redes sociales realizadas entre enero y febrero de 2024, en las que el dirigente habría difundido datos personales de la fiscal. Según la investigación, esta exposición provocó una oleada de mensajes ofensivos e insultantes dirigidos contra Gisbert, lo que motivó la apertura de diligencias por parte del Tribunal Supremo.
Con la retirada de la inmunidad, el proceso judicial podrá seguir su curso sin los obstáculos derivados de la protección parlamentaria. No obstante, esta decisión no implica culpabilidad ni afecta al escaño de Alvise Pérez en el Parlamento Europeo, que mantiene todos sus derechos como eurodiputado mientras no exista una sentencia firme.
El dirigente de SALF dispone además de la posibilidad de recurrir el levantamiento de la inmunidad ante la justicia europea. La presidenta del Parlamento Europeo será la encargada de comunicar formalmente la decisión a las autoridades españolas para que el procedimiento continúe.
Este es el primero de los suplicatorios solicitados por el Tribunal Supremo en relación con Alvise Pérez. La Eurocámara aún debe pronunciarse sobre una segunda petición vinculada a presuntos delitos electorales y financiación irregular, relacionada con la recepción de fondos durante la campaña de las elecciones europeas de 2024.
El caso se enmarca en un contexto de creciente presión judicial sobre el eurodiputado, que afronta varias investigaciones abiertas en el alto tribunal. La retirada de la inmunidad supone un paso clave para que la justicia española pueda avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
