La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que algunos contratos de la cátedra que codirigió Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se hicieron “al margen del procedimiento establecido en la normativa” y de manera “premeditada”.
Así lo expone en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press y que los investigadores han remitido al juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, que planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
Los agentes inciden en la condición de “administración pública” de la Complutense y el “preceptivo acogimiento a la Ley de Contratos del Sector Público” para analizar la contratación de los servicios necesarios para el desarrollo de la “Plataforma abonados por la UCM”, en concreto a Making Science Group y Deloitte Consulting.
Respecto a la primera, llaman la atención de que su contratación se llevó a cabo “sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto, pese a corresponderle por razón de su importe (20.000 euros sin IVA)”.
Pero precisan que, “dado que la unidad interventora competente detectó esta disfunción una vez prestado el servicio, el pago fue liberado en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la UCM”.
En cuanto a la segunda, indican que dos expedientes “se habrían elaborado como un mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios, la cual se habría llevado a cabo nuevamente al margen del procedimiento establecido en la normativa”.
A ello añaden que los pagos a Deloitte Consulting “sí se sustentaron en un contrato menor y en una posterior contratación mediante procedimiento abierto simplificado”.
“Sin embargo, de la sucesión de hechos se desprende que las adjudicaciones no solo estaban premeditadas sino que la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato” y “la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos”, apunta.
También expone que “los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos –en su invitación a ofertar y en los pliegos, respectivamente– se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio, e incluso se deduce de la secuencia de hechos analizada que se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte”.
Por otra parte, la UCO subraya que la información bancaria analizada “concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando”.
“En tanto en cuanto, las entidades a las que se ha vinculado profesionalmente se corresponden con los principales pagadores que se identifican. Todo ello al margen de otros ingresos derivados de otras operaciones de inversión”, agregan.
