La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha avisado de que la Xunta “no puede admitir” la transferencia de la AP-9 aprobada por el Congreso de los Diputados esta semana –pactada entre el PSOE, Sumar y BNG– y la ha defendido “tal y como fue aprobada en el Parlamento de Galicia”.
“Nosotros queremos una transferencia, pero la queremos, si se me permite la expresión, financiada, que no suponga prejuicios económicos que tengan que pagar los gallegos cuando no nos corresponde”, ha asegurado en declaraciones a los medios, preguntada por la posición del Gobierno gallego.
La responsable autonómica ha criticado que el texto aprobado “varía en mucho” respecto al acordado por el Parlamento de forma unánime. El nuevo, en sus palabras, “no recoge” el 1 % tarifario anual a aplicar hasta el 2038 ni que las “posibles consecuencias” de la nulidad que está dictaminando la Comisión Europea “sean asumidas por el Gobierno central”. “Por supuesto, eso no lo vamos a aceptar”, ha advertido.
Preguntada por los pasos restantes, la conselleira ha recordado que el siguiente será su debate en el Senado, donde el PP presentará la proposición aprobada en el Parlamento. Después, tendrá que volver al Congreso y, una vez aprobada ahí de nuevo, se creará la Comisión Mixta entre la Xunta y el Estado.
Ahí es “donde se debatirá cómo es esa transferencia”, ha insistido. “Lo que se está debatiendo ahora en el Congreso de los Diputados no es en sí la transferencia, sino la constitución de esa Comisión Mixta en la que luego, por supuesto, la Xunta de Galicia defenderá lo que sea lo mejor para los gallegos”, ha avanzado.
