El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, para expresar la preocupación del Ejecutivo español por la respuesta que algunos gobiernos de la Unión Europea han dado tras la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta.
En la misiva, Sánchez sostiene que determinadas reacciones han estado motivadas por prejuicios, desinformación o intereses políticos, y rechaza las peticiones de suspender temporalmente la participación de España en el espacio Schengen. Aunque no identifica expresamente a ningún país, sus palabras llegan después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, planteara esa posibilidad.
El jefe del Ejecutivo considera que este tipo de propuestas son contrarias al espíritu de cooperación europea y defiende que la gestión de las fronteras exteriores debe abordarse desde una respuesta común entre todos los Estados miembros. A su juicio, trasladar toda la responsabilidad a los países situados en primera línea resulta incompatible con los principios de solidaridad de la Unión.
Por ello, Sánchez solicita la convocatoria urgente de una videoconferencia extraordinaria de los ministros del Interior de la UE con el objetivo de coordinar una actuación conjunta ante episodios similares. El Gobierno español considera que este encuentro serviría para reforzar la cooperación y establecer mecanismos compartidos de respuesta frente a futuras crisis migratorias.
Además, el presidente destaca que España recuperó el control de la situación en menos de 48 horas, combinando el refuerzo del dispositivo fronterizo con la atención humanitaria a las personas que accedieron a Ceuta. También subraya que la práctica totalidad de quienes cruzaron irregularmente la frontera ya han sido devueltos a Marruecos, dentro del marco de la cooperación existente entre ambos países.
La carta pretende trasladar a las instituciones europeas la necesidad de mantener una posición unitaria ante este tipo de desafíos y evitar respuestas unilaterales que, según el Ejecutivo, puedan poner en cuestión el funcionamiento del espacio Schengen o alimentar la polarización política en torno a la inmigración.
