La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado al Gobierno la activación de la Ley de Seguridad Nacional para establecer un “mando único” en Ceuta, reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y de las Fuerzas Armadas y proceder al retorno de todos los que entraron de manera irregular, incluidos los menores.
En una rueda de prensa, Gamarra ha señalado que todas estas medidas están incluidas en dos proposiciones no de ley registradas este lunes en el Congreso y que plantea una actuación “inmediata y urgente” en Ceuta para conseguir “la vuelta a la normalidad mediante los instrumentos de los que dispone el Estado para proteger la ciudad autónoma, la integridad territorial de España y los derechos y libertades de los ceutíes”.
En concreto, el Grupo Popular ha registrado dos iniciativas de idéntico contenido, recogidas por Europa Press, para que las medidas sean debatidas tanto en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, donde PP y Vox suman mayoría absoluta, como en la de Interior.
Entre las primeras medidas, el PP reclama que se reconozca la situación que atraviesa Ceuta como una “crisis de seguridad nacional, de soberanía y de integridad territorial” y pide activar la Ley de Seguridad Nacional.
Según ha defendido, ese mando único debe permitir recuperar en la ciudad autónoma, “de la mano del Estado”, la normalidad en la vida de sus habitantes. “No es mucho pedir”, ha señalado Gamarra, quien ha pedido ponerse “en la piel” de los ceutíes para acabar con la “sensación de abandono”.
La proposición no de ley contempla asimismo la puesta en marcha de un Plan Nacional de Normalización y la llegada de 50 nuevos funcionarios destinados a Extranjería, que tendría que proceder “desde todas las comisarías de España si es necesario”.
La dirigente ‘popular’ también ha reclamado especialistas de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), así como incrementar los efectivos de las unidades de intervención policial y de la Guardia Civil para luchar contra las mafias de trata de personas. “Es necesario blindar la seguridad en la ciudad”, ha subrayado.
RETORNO DE ADULTOS Y MENORES
Otro de los puntos de la iniciativa parlamentaria pasa por el “retorno inmediato” de quienes entraron irregularmente. Gamarra ha defendido que esta medida debe aplicarse tanto a adultos como a menores y ha asegurado que “es el único camino” y que “no hay otra vía”.
En el caso de los menores, ha indicado que han sido reclamados por su país de origen, que “no están desamparados” y que existen convenios bilaterales entre España y Marruecos para articular jurídicamente y por vía diplomática su regreso con sus familias o bajo los mecanismos de protección de su país.
Las PNL precisan que el retorno de los menores extranjeros no acompañados deberá realizarse con sus familias o, cuando no sea posible, con los servicios de protección de su país de origen, siempre que concurran las condiciones legales, se respete el interés superior del menor y de conformidad con los acuerdos internacionales vigentes.
Incluye igualmente la coordinación con Marruecos para reclamar el cumplimiento de los acuerdos en materias como el control fronterizo, la lucha contra las mafias y la readmisión de migrantes, utilizando para ello los instrumentos diplomáticos y bilaterales disponibles.
REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA
En el terreno jurídico, el PP plantea una reforma de la Ley de Extranjería para permitir el rechazo en frontera en las entradas por vía marítima. Gamarra ha recordado que su formación ya había planteado esta modificación en el Congreso semanas antes de que se produjeran las entradas en Ceuta.
Las iniciativas recuerdan que el Grupo Popular presentó el pasado 16 de julio una iniciativa legislativa para permitir expresamente aplicar ese régimen de rechazo en frontera a las entradas por vía marítima en Ceuta y Melilla.
También ha reclamado la intervención europea, siguiendo las peticiones del presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, mediante un despliegue formal de FRONTEX y de las unidades de intervención rápida en las fronteras españolas porque “también son fronteras europeas”.
La proposición del PP insta también al Gobierno a facilitar “transparencia informativa” para conocer qué alertas procedentes de los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, tuvieron los miembros del Gobierno antes de la crisis.
Las dos iniciativas concretan que el Ejecutivo debe remitir a las Cortes Generales todas las alertas, informes o advertencias previas que hubieran recibido el Gobierno, Interior u otros ministerios por parte del CNI, las FCSE u otros organismos públicos sobre el riesgo de una entrada masiva antes del 30 de julio.
Junto a ello, Gamarra ha reclamado la “asunción de responsabilidades” porque “se advirtió y no se hizo nada para impedirlo”.
EL ORIGEN, LAS REGULARIZACIONES MASIVAS
Las proposiciones incluyen además acabar con las “regularizaciones masivas”, que la vicesecretaria del PP ha vinculado con una política migratoria de regularizaciones masivas que considera “equivocada”, ya que “la vía irregular nunca puede resultar más ventajosa que la legal”. Frente a ello, plantea una inmigración “legal, ordenada, regular y vinculada al mercado laboral”.
A este respecto, Gamarra ha defendido que España no puede depender “de la voluntad de un tercer país” para proteger su frontera y ha sostenido que “la soberanía y la integridad no se puede subcontratar ni se puede ceder a un tercer país”, sino que debe defenderse mediante las propias estructuras del Estado.
Preguntada por las críticas del presidente ceutí a la actuación del Gobierno de la Nación, Gamarra ha afirmado que no puede estar “más de acuerdo” con Vivas y ha acusado al Ejecutivo de “incapacidad, irresponsabilidad, pasividad e inacción” desde el inicio de la crisis.
EL GOBIERNO ESTABA ADVERTIDO Y NO HIZO NADA
Según sostiene, el Gabinete de Sánchez estaba advertido y “no hizo nada” antes de la avalancha, tampoco reaccionó cuando ocurrió y, posteriormente, no ha adoptado medidas “suficientes y con carácter urgente” para garantizar los derechos y libertades de los ceutíes, la integridad de las fronteras y los mecanismos necesarios para los retornos.
El PP recuerda que Vivas había alertado durante los días anteriores de la presión creciente sobre la frontera. Y asetura que cuando reclamó la declaración de la emergencia nacional y un mando único, el Gobierno rechazó inicialmente la petición y “minusvaloró la verdadera naturaleza” de la crisis al circunscribirla al ámbito migratorio.
Gamarra ha respaldado igualmente el plazo de 30 días planteado por Vivas para recuperar la normalidad en Ceuta y ha considerado que se trata de un plazo “francamente lógico”. Y ha añadido que, una vez transcurrido ese plazo, el presidente ceutí y el PP tienen la responsabilidad de articular todos los mecanismos a su alcance para conseguir esa normalización.
Finalmente, la dirigente ‘popular’ ha garantizado el respaldo de su partido a Vivas para impulsar las medidas que considere necesarias, incluidas las de carácter judicial. “Lo primero y lo único son los ceutíes, su día a día, su normalidad, sus derechos, sus libertades y todo esto en el marco de la soberanía y de la integridad territorial que tiene nuestro país”, ha concluido.
