Este sábado 29 de agosto, 268.000 islandeses están llamados a responder a una pregunta de once palabras: ¿Debe Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea? No se vota entrar en la UE —eso exigiría un segundo referéndum, probablemente en 2028— sino simplemente volver a sentarse a la mesa de la que Reikiavik se levantó en 2013. Y sin embargo, once años después, la pregunta ha partido al país por la mitad: las encuestas han pasado de un cómodo +6 para el sí en junio a un empate técnico, y el último sondeo de Gallup, publicado la misma víspera de la votación, da por primera vez ventaja al no. En Electomanía repasamos la historia, la campaña, los partidos y los argumentos de los dos bandos.
Qué se vota exactamente (y qué no)
La papeleta contiene una sola pregunta —Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið?— y dos opciones: Já (sí) o Nei (no). El matiz es decisivo y ha marcado toda la campaña: un sí no mete a Islandia en la UE, solo autoriza al Gobierno a reabrir un proceso de adhesión congelado desde 2013. El acuerdo que saliera de esa negociación tendría que someterse a una segunda consulta —Reikiavik apunta a 2028— y después ser ratificado por los 27 Estados miembros.
La consulta es además consultiva, no vinculante: la Constitución islandesa solo prevé referendos vinculantes en tres supuestos muy tasados (destitución del presidente, veto presidencial a una ley y cambios en la organización de la Iglesia). Esta es la novena consulta popular de la historia de Islandia y la cuarta desde la fundación de la república en 1944. En la práctica, sin embargo, nadie duda de que el resultado será políticamente vinculante para cualquier gobierno.
La propia redacción de la pregunta fue objeto de disputa. La Comisión Electoral Nacional (Landskjörstjórn) advirtió de que el enunciado original daba por sentado que la candidatura islandesa de 2009 sigue plenamente vigente y que basta con retomar el hilo donde se dejó, algo que no es pacífico. El texto se reformuló y las opciones se redujeron al sí y al no que exige la ley electoral. La Comisión de Venecia, por su parte, subrayó que reabrir negociaciones no equivale a adherirse, una precisión que el bando del no considera insuficiente y el del sí ha convertido en su principal argumento.
De 2009 a 2015: la candidatura que nació y murió con la crisis
Islandia solicitó el ingreso el 17 de julio de 2009, con el país todavía humeante tras el colapso de sus tres grandes bancos y una economía al borde de la quiebra. El Gobierno socialdemócrata de Jóhanna Sigurðardóttir vio en Bruselas —y sobre todo en el euro— un salvavidas frente a una corona en caída libre. Las negociaciones formales arrancaron en julio de 2010 y llegaron a abrirse 27 de los 33 capítulos, de los cuales 11 quedaron cerrados provisionalmente.
Pero para 2013 el contexto había cambiado por completo. La economía se había recuperado con una fuerza inesperada —turismo, pesca, energía barata—, lo que eliminó el principal incentivo económico, y las conversaciones se habían atascado en el capítulo más sensible de todos: la pesca. Las elecciones de abril de 2013 barrieron a la izquierda y dieron el poder a una coalición del Partido del Progreso y el Partido de la Independencia, ambos contrarios a la adhesión, que suspendió las conversaciones y prometió no reanudarlas sin un referéndum previo.
Ese referéndum nunca llegó. En febrero de 2014, el Gobierno intentó retirar directamente la candidatura sin consultar a nadie; miles de personas se manifestaron frente al Althingi en Austurvöllur y una petición popular llegó a reunir 53.555 firmas, el 22% del censo. El Ejecutivo retiró el proyecto de ley, pero en marzo de 2015 el ministro de Exteriores Gunnar Bragi Sveinsson envió una carta a Bruselas comunicando que Islandia no tenía intención de continuar y que no debía considerarse ya país candidato. La Comisión nunca confirmó formalmente una retirada: sobre el papel, la solicitud de 2009 sigue viva. Es exactamente ese tecnicismo el que permite hoy hablar de “reanudar” y no de “volver a empezar”.
Islandia ya está medio dentro
Para entender el debate islandés hay que asumir una paradoja: el país ya aplica la mayor parte del derecho comunitario sin votarlo. Islandia es miembro del Espacio Económico Europeo desde 1994 y del espacio Schengen, participa en el mercado único, en el sistema de comercio de emisiones y en decenas de programas europeos. Se calcula que ha incorporado del orden de 9.000 actos jurídicos de la UE a su ordenamiento, en torno al 75% del acervo.
Lo que no tiene es voz ni voto. Ni comisario, ni eurodiputados, ni asiento en el Consejo. El bando del sí lo resume con una fórmula que ha calado —”hacemos las reglas de otros“— mientras el del no responde que precisamente por eso la adhesión es innecesaria: si ya se disfruta del acceso al mercado sin ceder soberanía sobre las materias que de verdad importan, ¿para qué dar el paso final? Es, en esencia, la misma discusión que Noruega lleva teniendo desde 1994, y no es casual que el veterano movimiento noruego Nei til EU haya prestado apoyo y experiencia a sus homólogos islandeses durante esta campaña.
Por qué ahora: Trump, Groenlandia y una corona diminuta
El compromiso de convocar la consulta figuraba ya en el acuerdo de coalición firmado en diciembre de 2024 por Samfylkingin, Viðreisn y Flokkur fólksins tras las elecciones que llevaron a Kristrún Frostadóttir a la jefatura del Gobierno. El plazo era “antes de 2027”. Lo que nadie preveía era que se adelantara casi un año.
El acelerador fue geopolítico. Las amenazas repetidas de Donald Trump de anexionarse Groenlandia —confundiéndola en más de una ocasión con la propia Islandia—, los aranceles a productos islandeses y la creciente actividad rusa y china en el Alto Norte encendieron todas las alarmas en Reikiavik. Islandia no tiene ejército: depende de la OTAN y de un tratado bilateral de defensa con Estados Unidos de 1951 que, de pronto, dejó de parecer una garantía eterna. En un informe presentado este año, la ministra de Exteriores Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir escribió que el orden internacional de posguerra “se tambalea” y que una cooperación más estrecha con la UE era “una variable clave”.
A eso se suma la economía doméstica, que en la campaña ha pesado incluso más que el Ártico. La corona islandesa es la moneda soberana más pequeña del mundo: 380.000 personas con divisa propia. La inflación persistente ha empujado los tipos hasta cotas que en las hipotecas llegan al 12%, y ese dato —no Groenlandia— es el que aparece una y otra vez en las conversaciones de cocina. El Gobierno encargó incluso un panel de expertos independientes para evaluar las ventajas e inconvenientes de mantener la corona frente a adoptar el euro, con la idea explícita de “madurar” el debate.
La campaña, paso a paso
La campaña islandesa ha sido larga, atípica y sorprendentemente descentralizada: los protagonistas no han sido tanto los partidos como una constelación de asociaciones ciudadanas que operan al margen de la regulación de financiación de los partidos. Esta es su cronología.
El Ministerio de Exteriores concede 10 millones de coronas a cada bando: a Evrópuhreyfingin (Movimiento Europeo, proadhesión) y a Heimssýn (la veterana plataforma euroescéptica fundada en 2002), para “fomentar el debate democrático sobre asuntos europeos”. Una simetría perfecta que se rompería en cuanto entró el dinero privado.
Politico revela que la coalición estudia adelantar la consulta a agosto. Días después, en Varsovia, Kristrún Frostadóttir lo confirma; Donald Tusk aprovecha para expresar su apoyo a la adhesión islandesa. La urgencia se atribuye abiertamente a los aranceles de Trump y a la presión sobre Groenlandia.
El Gobierno fija la fecha: 29 de agosto. Un sábado de finales de verano, con los electores ya de vuelta de vacaciones y antes del inicio del curso universitario, buscando maximizar la participación. La comisaria de Ampliación, Marta Kos, saluda el anuncio hablando de “una decisión significativa” para el pueblo islandés.
Tras un debate bronco, el Althingi aprueba la resolución con 34 votos a favor, 8 en contra y 14 abstenciones. Los ocho noes son del Miðflokkurinn y de Jón Gunnarsson, el diputado más euroescéptico del Partido de la Independencia. Las catorce abstenciones son de independentistas y progresistas: sus direcciones prefirieron no aparecer votando contra el derecho de los ciudadanos a pronunciarse. En Kastljós, la diputada Sigríður Andersen (Miðflokkurinn) define la consulta como una “encuesta de opinión falsa“, una expresión que el bando del sí explotará durante todo el verano.
Nace en Kjarvalsstaðir la asociación SJÁ, transversal y desligada de los partidos, con el lema “Já til að sjá” —”sí, para ver”—. Su tesis es deliberadamente minimalista: no piden que Islandia entre en la UE, solo que se termine de negociar para saber qué hay encima de la mesa. El registro de adhesiones se dispara en los primeros días.
Se organiza el no de izquierdas. El Sósíalistaflokkur resuelve en su congreso pedir el rechazo, y las juventudes de Vinstri græn y los jóvenes socialistas de Roði celebran actos conjuntos para dar visibilidad a un euroescepticismo que no venga de la derecha. La OSCE envía una misión de evaluación.
La campaña se vuelca en el campo y la costa. En Akureyri aparecen balas de heno pintadas con “Áfram Ísland — ESB nei takk” (“Adelante Islandia — UE no, gracias”), que se convierten en la imagen icónica del no. El informe de la OIDDH reconoce la solvencia de la administración electoral islandesa pero señala como problema más serio la financiación de la campaña: al recaer en asociaciones y no en partidos, escapa a las reglas de transparencia. SJÁ admite haber recaudado 27,3 millones de coronas de particulares y empresas sin revelar los donantes, porque la ley no lo exige.
Terremoto en la izquierda verde: la presidenta de Vinstri græn, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, y su vicepresidente, Bjarki Hjörleifsson, anuncian que votarán sí, en contra de la línea oficial del partido. Enfrente, dos pesos pesados históricos —Steingrímur J. Sigfússon y la exlíder Svandís Svavarsdóttir— confirman que votarán no. Más del 80% de los votantes de VG se inclinan por el sí.
Se abre el voto anticipado. En el programa Pallborðið de Vísir se sientan cara a cara la primera ministra y la líder del Partido de la Independencia, Guðrún Hafsteinsdóttir. Tres sondeos consecutivos muestran cómo se cierra la brecha, y el jueves 27 por la noche RÚV publica un Gallup que da la vuelta a la tortilla.
Las encuestas: de +6 al vuelco final
La serie demoscópica de esta campaña tiene una lectura inequívoca: el sí ha ido perdiendo aproximadamente un punto por sondeo desde junio. Estos son los datos sobre voto expresado (excluyendo indecisos), que en las últimas mediciones rondan todavía el 8,5%.
La víspera del referéndum, por tanto, el bando del no encabeza por primera vez una encuesta. Gallup subrayó que la diferencia no es estadísticamente significativa —el margen de error es de 2,5 puntos por opción—, pero la dirección del movimiento es la que es. La brecha en Maskína ha pasado de 6,2 puntos en junio a 2,6 en la última semana.
Hay además un patrón conocido que juega a favor del no: en los referendos sobre integración institucional, los indecisos tienden a inclinarse por el statu quo. El precedente noruego de 1994 es el ejemplo canónico, y en Islandia lo citan a diario los dirigentes de Heimssýn. El bando del sí replica con el patrón inverso —Croacia, Austria, Suecia—, donde el apoyo creció a medida que se acercaba la votación. Con en torno a un 8-9% de indecisos y una participación difícil de anticipar, ninguna proyección es fiable.
Un matiz metodológico importante: la pregunta importa mucho. Cuando se pregunta directamente por la adhesión, el no gana con holgura; cuando se pregunta por negociar, el sí ha ido por delante durante casi dos años. Esa asimetría es exactamente el terreno de juego de esta campaña.
El mapa de los partidos
La geografía partidista islandesa ante Europa no es la clásica izquierda-derecha, sino un cruce entre eje urbano-rural y eje soberanista. El Gobierno tripartito surgido de 2024 suma 36 de los 63 escaños del Althingi, pero no es un gobierno unánimemente proeuropeo: uno de sus tres socios pide el no. Y en la oposición, el euroescepticismo tampoco es homogéneo.
El motor del referéndum. Nació en 2016 como escisión proeuropea del Partido de la Independencia y su líder, la ministra de Exteriores Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ha sido la cara visible de la consulta. Cerca del 90% de sus votantes apoya la adhesión.
El partido que solicitó la adhesión en 2009 y el que gobierna hoy. Su posición oficial es el sí y en torno al 75% de sus votantes respalda la entrada, pero Kristrún Frostadóttir ha mantenido un perfil deliberadamente contenido: ganó las elecciones prometiendo que Europa no dividiría al país.
Coautores en 2022 y 2023 de las proposiciones que pedían este mismo referéndum. Su junta directiva aprobó una resolución favorable al sí, aunque su europeísmo es más procedimental —transparencia y derecho a decidir— que entusiasta.
El caso más fascinante. La línea oficial sigue siendo que los intereses de Islandia están mejor fuera de la UE, pero tanto la presidenta como el vicepresidente del partido han anunciado que votarán sí, contra el programa. Los históricos Steingrímur J. Sigfússon y Svandís Svavarsdóttir votarán no. Más del 80% de sus votantes, sí.
La anomalía del Gobierno: populista de izquierdas, contrario a la adhesión y sin embargo firmante del acuerdo que convocó la consulta. Se comprometió a “sentarse a la mesa si la nación dice sí”. Su líder, Inga Sæland, zanjó el asunto con una frase que hizo fortuna: a nadie le importa cómo vota Inga.
La formación histórica de la derecha islandesa, vinculada tradicionalmente al sector pesquero, es contraria a la adhesión y no tomó la iniciativa de convocar el referéndum, pero se abstuvo en la votación parlamentaria en lugar de oponerse. Con todo, en torno a uno de cada cuatro de sus votantes apoya la entrada.
El no más duro y el único que votó en contra de celebrar la consulta. Nacionalista y en fuerte crecimiento demoscópico, sostiene que el referéndum es una maniobra para normalizar la adhesión. Apenas un 10% de sus votantes es favorable a entrar.
El viejo partido agrario, corresponsable de la congelación de 2013, mantiene que Islandia está mejor fuera. Su grupo parlamentario emitió un comunicado específico antes de la votación y optó también por la abstención. Solo un 20% de sus votantes quiere entrar.
Su congreso de junio aprobó una resolución instando a rechazar las negociaciones: consideran la UE una construcción capitalista cuya política exterior sirve al “imperialismo y el militarismo”. Es la punta de lanza del euroescepticismo de izquierdas junto a las juventudes verdes.
La fractura, en resumen, no es simétrica. Del lado del sí hay dos partidos de gobierno con una militancia cohesionada; del lado del no, una coalición heteróclita que va del nacionalismo conservador del Miðflokkurinn al anticapitalismo de los socialistas, pasando por el populismo social de Flokkur fólksins. Es una alianza incómoda pero, en un referéndum, perfectamente funcional: solo hay que coincidir en la casilla.
La campaña del SÍ: “sí, para ver”
La estrategia del bando proeuropeo ha sido, ante todo, defensiva en su formulación y ambiciosa en su horizonte. Consciente de que preguntar por la adhesión pierde y preguntar por negociar gana, ha reducido su mensaje a un mínimo casi irrebatible: votar sí no compromete a nada, solo permite descubrir qué condiciones ofrecería Bruselas. De ahí el lema de SJÁ, “Já til að sjá”, un juego de palabras intraducible que significa a la vez “sí para ver” y “sí a SJÁ”.
Sobre esa base, cuatro grandes argumentos:
1. La corona es el problema. Es, con diferencia, el argumento que más tracción tiene en la calle. Jónas Hagan Guðmundsson, cofundador de SJÁ, lo formula sin rodeos: “tenemos la moneda más pequeña del mundo”, y 380.000 personas con divisa propia significan inestabilidad estructural, inflación crónica e hipotecas al 12%. El ministro de Finanzas, Daði Már Kristófersson, ha dicho abiertamente que confía en que la adhesión impulse una economía castigada por los precios. El euro, en este marco, no es un ideal europeísta sino un analgésico macroeconómico.
2. Ya obedecemos, pero no decidimos. Los 9.000 actos jurídicos incorporados vía EEE son el ace democrático del sí: Islandia adopta el 75% de la normativa europea sin haber participado en su elaboración. La adhesión, dicen, no añadiría soberanía perdida sino que recuperaría la ya cedida, convirtiendo a Reikiavik en legislador en lugar de receptor.
3. Seguridad en un Ártico que se ha vuelto peligroso. Magnús Magnússon, al frente de una de las plataformas proeuropeas, sostiene que la infraestructura crítica islandesa está bajo “ataque constante” de actores rusos y que la UE puede ayudar donde la OTAN no llega. Kaja Kallas ha vinculado explícitamente las dos seguridades: “desde las amenazas rusas a la infraestructura submarina hasta el creciente interés chino en el Ártico, abordarlo juntos nos da más capacidad de influencia”. La sombra de Groenlandia y de un aliado estadounidense imprevisible planea sobre todo el argumento.
4. Es rápido y hay red de seguridad. Con once capítulos ya cerrados y el país dentro del mercado único, Bruselas estima que la negociación podría concluirse en uno o dos años. Kaja Kallas afirmó que Islandia sería “uno de los países que más avanzan en este proceso”, y Marta Kos deslizó en Bluesky que “las negociaciones de adhesión siempre reflejan las realidades específicas de cada país candidato”, una señal leída en Reikiavik como disposición a negociar excepciones pesqueras. Y siempre queda el segundo referéndum.
Los actores del sí son SJÁ, Evrópuhreyfingin (el Movimiento Europeo islandés), los Jóvenes Europeístas, Viðreisn y Samfylkingin. Su punto débil, reconocido incluso por sus dirigentes, es que la primera ministra no ha querido convertirse en la cara de la campaña: ganó las elecciones prometiendo que la cuestión europea no dividiría al país, y hoy encabeza el Gobierno que la ha puesto sobre la mesa.
La campaña del NO: “UE no, gracias”
Frente al minimalismo del sí, el no ha optado por la maximización: negociar es empezar a entrar. Su lema, “ESB nei takk” —”UE no, gracias”—, aparece en pegatinas, camisetas y, memorablemente, en balas de heno de Akureyri junto a un “Áfram Ísland”. Su columna vertebral es Heimssýn, la organización euroescéptica fundada en 2002 con unos 3.500 miembros, presidida por el meteorólogo Haraldur Ólafsson.
1. El pescado, siempre el pescado. Es el argumento decisivo y el que hundió las negociaciones de 2013. La Política Pesquera Común fija límites de captura y reparte cuotas entre Estados miembros, y la patronal del sector, SFS, sostiene que la adhesión dejaría a Islandia sin “capacidad para actuar como Estado ribereño independiente”. El recuerdo de las “guerras de la caballa” —cuando Reikiavik fijó cuotas unilaterales que Bruselas consideró excesivas y rechazó los acuerdos entre la UE, Noruega y Feroe— sigue vivo. El proceso se congeló antes incluso de que Islandia hubiera adoptado una posición negociadora formal sobre pesca. A esto se suma el temor de que ninguna excepción que Bruselas conceda sea sostenible: las organizaciones pesqueras irlandesas ya han reclamado para sí cualquier exención que se otorgue a Islandia.
2. Ya tenemos lo que necesitamos. Haraldur Ólafsson lo resume así: si Islandia ya cumple el 75% de las normas europeas y disfruta del mercado único, “no hace falta más”. El EEE, en esta lectura, es el punto óptimo: todas las ventajas comerciales sin la pérdida de control sobre recursos, agricultura y política comercial. Noruega, que lleva tres décadas en ese equilibrio, es el modelo explícito.
3. La consulta es una trampa procedimental. Sigríður Andersen (Miðflokkurinn) llegó a calificarla de “encuesta de opinión falsa”: un referéndum consultivo sobre negociar que, en la práctica, generaría una inercia irreversible. El argumento es que ningún gobierno abre un proceso de adhesión para no completarlo, y que el “segundo referéndum” llegaría cuando ya se hubiera invertido demasiado capital político como para dar marcha atrás.
4. La soberanía de una república joven. Islandia es plenamente independiente solo desde 1944. El miedo a diluirse como nación pequeña dentro de una estructura de 27 —con un peso demográfico marginal— es un argumento emocional potente, especialmente en las zonas rurales y costeras, donde el sí pierde con claridad.
5. Y un no desde la izquierda. Menos visible pero significativo. Los socialistas islandeses y las juventudes de Vinstri græn han organizado actos conjuntos bajo la etiqueta de “la izquierda contra la UE”. Silja Sóley Birgisdóttir, concejala socialista en Reikiavik, lo formuló en agosto: “en el fondo, el socialismo ni siquiera es posible dentro de la UE por las reglas de mercado y el marco normativo”. Añaden críticas a la política migratoria y de asilo comunitaria y sostienen que la UE se derechiza. Es un flanco que preocupa al sí: cada voto que el no arranca en el electorado progresista vale doble.
Los dos escenarios del domingo
Kristrún Frostadóttir ha dicho que las conversaciones podrían arrancar antes de que acabe 2026. La Comisión tendría que montar un grupo de trabajo similar al que ya opera con Montenegro, añadiendo carga a una maquinaria de ampliación saturada. Se retomaría por los once capítulos cerrados provisionalmente, para comprobar si necesitan actualización, y el choque llegaría en el capítulo pesquero.
Para Bruselas sería un impulso político considerable: por primera vez, un candidato más rico que la media comunitaria, lo que aportaría equilibrio geográfico y económico a una lista de aspirantes dominada por países con PIB per cápita muy inferior, y haría más digerible la ratificación en las capitales escépticas.
La cuestión europea desaparecería de la agenda islandesa durante años, posiblemente décadas. Sería una derrota mayúscula para Frostadóttir y para Þorgerður Katrín, y un refuerzo enorme para el Miðflokkurinn de cara a las próximas legislativas. El Gobierno tendría además que explicar por qué adelantó un referéndum que no necesitaba celebrar hasta 2027.
Para la UE, el golpe sería doble. No solo se cerraría una oportunidad estratégica en el Atlántico Norte y el Ártico; el mensaje sería que la pertenencia sigue sin resultar atractiva para los países ricos del norte, justo cuando un bloque nórdico presiona para recortar el presupuesto comunitario. Y con un matiz especialmente amargo: los islandeses no habrían rechazado entrar, sino la mera posibilidad de averiguar en qué condiciones podrían hacerlo.
Conclusión: un referéndum pequeño con un mapa muy grande detrás
Es tentador leer el 29A como un termómetro del atractivo de la Unión Europea, y en parte lo es. Pero conviene la advertencia que ha lanzado Pascal Lamy: quien busque en Islandia un veredicto sobre Europa se llevará una respuesta poco informativa. Lo que de verdad se está decidiendo tiene menos que ver con Bruselas que con el Ártico. Si el deshielo abre las rutas comerciales del norte, la posición de Islandia dejará de ser periférica para convertirse en un punto de tránsito, y la pregunta de a qué bloque pertenece dejará de ser abstracta. Los chinos —recuerda Lamy— lo entendieron antes que los europeos: Islandia fue el primer país europeo en firmar un tratado de libre comercio con Pekín.
Mientras tanto, la campaña se ha librado sobre asuntos mucho más terrenales: el precio de las hipotecas, las cuotas de caballa y la sensación, muy islandesa, de que 400.000 personas en medio del Atlántico deben pensárselo dos veces antes de atarse a nada. En ese terreno, el no juega en casa.
Los colegios abren a las nueve de la mañana y cierran a las diez de la noche. Con un censo de apenas 268.000 electores, el escrutinio será rápido: en las primeras horas de la madrugada del domingo sabremos si Islandia vuelve a llamar a la puerta de Bruselas o si cierra el asunto para toda una generación. Y con dos encuestas contradictorias publicadas en las últimas 72 horas, nadie en Reikiavik se atreve a apostar.
