El IPC se dispara al 4,3% en agosto, su nivel más alto desde febrero de 2023

El INE ha confirmado este lunes lo que adelantaba su indicador de finales de agosto: la inflación española se disparó hasta el 4,3% interanual, la tasa más alta desde febrero de 2023. El golpe viene casi entero de un sitio —el surtidor—, mientras la subyacente incluso baja. Repasamos con la serie mensual desde 2015 qué ha pasado, cuánto se parece esto a 2022 y por qué este dato llega en el peor momento del calendario político.

Un 4,3% que no se veía desde 2023

La inflación ha vuelto a la primera página. El IPC de agosto se situó en el 4,3% interanual, siete décimas más que en julio y el registro más alto en tres años y medio: hay que remontarse a febrero de 2023, cuando la tasa era del 6,1%, para encontrar un dato peor. El salto tampoco es un tropiezo aislado. Con ocho meses cerrados, la media de 2026 se sitúa en el 3,2%, por encima de la de 2025 (2,7%) y de la de 2024 (2,8%).

La perspectiva larga ayuda a calibrar. La serie mensual desde 2015 recoge dos mundos distintos: el de la deflación, con un mínimo del -1,05% en abril de 2016, y el del shock energético de 2022, con el pico del 10,8% en julio de aquel año. El dato de agosto no se acerca a ese techo, pero rompe la normalización que había costado tres años. España acumula ya 22 meses consecutivos con la inflación en el 2% o por encima, el nivel que el BCE considera estabilidad de precios.

El año que empezó en el 2,3% y acabó en el 4,3%

El recorrido de 2026 es casi una línea recta ascendente con una parada en el camino. Enero y febrero se movieron en el 2,3%, el nivel más bajo en siete meses. A partir de marzo, con la guerra en Oriente Medio ya encima del mercado del petróleo, la tasa salta al 3,4% y se instala en el entorno del 3,2% durante toda la primavera. El verano hace el resto: 3,6% en julio y 4,3% en agosto. Dos puntos enteros de subida en seis meses.

Casi todo el problema cabe en un depósito

El detalle por componentes deja poco margen a la interpretación. Lo que empuja el índice son los carburantes, que se encarecieron un 21,3% interanual, arrastrados por el shock energético y por la retirada progresiva de las bonificaciones fiscales. A eso se suma un efecto base: en agosto de 2025 los combustibles habían bajado, de modo que la comparación interanual se vuelve especialmente dura. La otra cara es la inflación subyacente, la que excluye energía y alimentos frescos, que incluso bajó una décima.

La distancia entre el índice general y la subyacente, de 1,4 puntos, es la cifra que más conviene vigilar. Mientras se mantenga, el Gobierno podrá argumentar que se trata de un shock importado y temporal, sin efectos de segunda ronda sobre precios y salarios. Si esa brecha empieza a cerrarse al alza en otoño, el diagnóstico cambia. El Ministerio de Economía añade otro argumento comparado: la inflación acumulada en España entre febrero de 2022 y agosto de 2026 se sitúa en el 19,3%, ligeramente por debajo del 19,6% de la eurozona.

La factura llega en forma de pensiones

Aquí es donde el dato deja de ser estadística y se convierte en política presupuestaria. La revalorización de las pensiones contributivas se calcula, desde la Ley 21/2021, con la media de las doce tasas interanuales del IPC entre diciembre y noviembre. Para la subida de 2027 ya se conocen nueve de esos doce meses, y la media provisional ronda el 3,2%. En 2026 las pensiones subieron un 2,7%.

Cada décima de más en septiembre, octubre y noviembre encarece esa nómina de forma permanente, porque la revalorización consolida el importe para todos los años siguientes. Es la paradoja del otoño: el Gobierno tiene un incentivo evidente para contener el precio de los carburantes —de ahí el debate sobre prorrogar las ayudas más allá del 30 de septiembre— y, al mismo tiempo, cada euro que no se gasta en el surtidor reaparece multiplicado en el gasto en pensiones de 2027.

2026 frente a los años de la inflación

Puesto en la serie de medias anuales, 2026 no es 2022 ni se le parece: aquel año cerró con una media del 8,4%, cuatro veces la actual. Pero sí rompe la senda descendente que venía desde 2023 y devuelve a España a niveles de 2021, el año en que empezó a fraguarse la crisis de precios.

Por qué este dato pesa más de lo que parece

La inflación funciona en política como un impuesto que nadie ha votado: no aparece en el BOE, se nota en la compra y se atribuye al Gobierno de turno con independencia de que el origen esté en el mercado internacional del crudo. La legislatura 2021-2023 dejó esa lección grabada, y el patrón se repite ahora con una diferencia relevante: en 2022 el shock era general —alimentos, energía, servicios— mientras que el de 2026 está, de momento, concentrado en un solo componente.

Eso convierte el otoño en una prueba de sincronía. El 30 de septiembre vence la desescalada de las ayudas al carburante; en noviembre se cierra el periodo de cálculo de las pensiones; y en diciembre se conocerá la cifra definitiva. Si los carburantes se moderan, el efecto base juega a favor en los próximos meses y el debate se apaga. Si no lo hacen, el Ejecutivo tendrá que elegir entre sostener el gasto en bonificaciones o asumir que la inflación siga marcando la conversación pública hasta final de año.