El Ministerio de Exteriores de Francia ha confirmado este jueves que, si bien sigue sin contemplar el reconocimiento de las autoridades talibán en Afganistán, sí mantiene conversaciones con algunos de sus representantes para abordar la devolución de personas indocumentadas, consideradas “peligrosas” y procedentes del país asiático, que representan un riesgo para la seguridad nacional francesa.
“Se trata de un diálogo estrictamente técnico para facilitar la expulsión de los ciudadanos afganos que se encuentran ilegalmente en territorio nacional y que representan un riesgo para la seguridad nacional”, ha afirmado el portavoz de la diplomacia gala, Pascal Confavreux, en declaraciones recogidas por la emisora Radio France Internationale (RFI).
Confavreux, que ha incidido en que “son personas peligrosas” sin facilitar cifras sobre cuántos ciudadanos afganos podrían ser deportados, ha remarcado que estas conversaciones constituyen “un paso para garantizar la seguridad de los ciudadanos franceses”.
De esta forma, las autoridades francesas mantienen contactos con representantes afganos con un objetivo limitado a cuestiones relacionadas con las expulsiones, sin que este canal de comunicación implique un cambio en la posición política de París respecto a las autoridades que actualmente controlan Afganistán.
Pese a este diálogo, la cartera de Exteriores no contempla el reconocimiento de los talibán, una política extendida en la Unión Europea, España incluida, más de cinco años después de que se hicieran con el control de Afganistán tras el fin de la presencia militar estadounidense, prolongada durante casi 20 años.
Francia replica así los pasos de otros socios comunitarios como Alemania, Bélgica o Suecia, que promueven la aceleración de la deportación de los ciudadanos afganos que residen ilegalmente en sus respectivos territorios, especialmente en aquellos casos que afectan a personas condenadas por trata de seres humanos o por delitos de violencia contra las personas.
Alemania, en concreto, mantiene abierto un canal de comunicación directa con las autoridades talibán para facilitar estos retornos, aunque esta política no ha estado exenta de críticas. Estas se basan en que, por un lado, el Gobierno alemán se niega a reconocer a los talibán debido a las violaciones de los Derechos Humanos atribuidas al régimen y, por otro, mantiene una colaboración con sus representantes para hacer posibles las deportaciones.
Los críticos de este mecanismo consideran que estos contactos pueden implicar concesiones a unas autoridades cuyo reconocimiento formal continúa siendo rechazado. Los gobiernos europeos que impulsan los retornos, por su parte, plantean estos contactos como una vía práctica para gestionar la expulsión de determinados ciudadanos afganos que se encuentran de manera irregular en territorio europeo.
Asimismo, tanto Naciones Unidas como diversas ONG han criticado los planes de deportación, argumentando que las condiciones existentes actualmente en Afganistán no son adecuadas para llevar a cabo las repatriaciones.
Estas organizaciones han expresado especialmente su preocupación por las denuncias sobre abusos de los Derechos Humanos en el país, una circunstancia que continúa condicionando el debate europeo sobre la posibilidad de devolver a ciudadanos afganos a Afganistán y sobre los contactos que varios gobiernos mantienen con representantes de las autoridades talibán para hacer efectivos estos retornos.
