El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado de “inexplicable” la decisión del centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha de un AVE de Renfe, pese a que el sistema de señalización mostraba un aviso rojo que advertía de la presencia de un tren de Iryo ocupando la vía.
Esta decisión se encuentra en el centro de las investigaciones sobre el grave accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), que ha causado, por el momento, al menos 64 fallecidos, además de numerosos heridos.
Puente ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación desde el centro de control de Adif en Atocha, hasta donde se ha desplazado esta mañana para recabar información sobre las circunstancias del siniestro y conocer de primera mano las decisiones adoptadas durante la gestión de la circulación ferroviaria.
Según la información trasladada por el ministro, el sistema de seguridad ferroviaria LZB sufrió una avería a primera hora de la mañana, lo que obligó a modificar los procedimientos habituales de circulación de los trenes en la línea de alta velocidad.
Tras el fallo del sistema, el centro de control de Adif asumió la gestión de la circulación mediante los mecanismos alternativos previstos para este tipo de incidencias. Sin embargo, la situación desembocó en una decisión que el propio titular de Transportes ha cuestionado públicamente.
El centro de control autorizó que el AVE de Renfe reanudara su marcha cuando el sistema mostraba una señal roja que indicaba que el tramo ferroviario estaba ocupado por un tren de Iryo que permanecía detenido delante.
La autorización permitió que el convoy de Renfe continuara circulando hasta producirse la colisión con el tren que se encontraba en la misma vía, provocando uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España.
Puente ha insistido en que resulta “inexplicable” que se adoptara esta decisión cuando existía una advertencia expresa sobre la ocupación de la vía. No obstante, las circunstancias concretas en las que se produjo la autorización deberán ser esclarecidas durante la investigación.
El ministro también ha confirmado que la persona que dio el visto bueno a la reanudación de la marcha del AVE ya ha sido identificada y queda sometida a lo que determine la investigación sobre las causas del accidente y las posibles responsabilidades derivadas de lo sucedido.
“No hemos hablado con él, entiendan la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener”, ha señalado Puente al ser preguntado por el trabajador que autorizó la circulación del tren.
Estas declaraciones sitúan la actuación del centro de control de Adif en el foco de las pesquisas, especialmente en lo relativo al cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para situaciones en las que el sistema principal de protección ferroviaria deja de funcionar.
El sistema LZB permite supervisar de forma continua la circulación de los trenes y controlar aspectos fundamentales de la seguridad, como la velocidad y la distancia respecto a otros convoyes. Cuando se produce una incidencia que impide su funcionamiento, deben aplicarse procedimientos alternativos para garantizar que los trenes puedan circular sin riesgo.
En este caso, la investigación deberá determinar por qué se permitió continuar la marcha al AVE pese a la existencia de una señal de advertencia y qué información estaba disponible en el centro de control en el momento de adoptar la decisión.
También será necesario esclarecer si se respetaron los protocolos previstos para la gestión de incidencias ferroviarias y si existieron otros factores técnicos u operativos que contribuyeran al accidente.
Por el momento, el balance provisional del siniestro asciende a al menos 64 personas fallecidas, mientras continúan las actuaciones de los servicios de emergencia y los trabajos destinados a esclarecer las circunstancias de la colisión.
Las declaraciones de Óscar Puente ponen el foco en una autorización de circulación que el ministro considera difícil de explicar, aunque la determinación de las responsabilidades concretas corresponderá a los órganos encargados de investigar el accidente.
