La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este jueves 5 de noviembre una nueva operación relacionada con el caso Koldo, que incluye actuaciones en las instalaciones de Adif Alta Velocidad y la detención en Córdoba de Cristian Corvillo, antiguo chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017.
El operativo se desarrolla después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno haya acordado la apertura de una nueva pieza separada y secreta para investigar presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública. Las diligencias se llevan a cabo en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, tras la presentación de un nuevo informe elaborado por los investigadores de la Guardia Civil.
Según las informaciones publicadas por El Confidencial y recogidas por otros medios, los agentes han acudido desde primera hora de la mañana a las dependencias de Adif Alta Velocidad para recabar documentación relacionada con contratos públicos que se encuentran bajo investigación.
La operación también ha incluido la detención de Cristian Corvillo en Córdoba por su presunta vinculación con pagos a terceros relacionados con adjudicaciones de obra pública. Corvillo había mantenido contactos con personas del entorno del antiguo Ministerio de Transportes y su nombre había aparecido anteriormente en distintas investigaciones vinculadas al caso Koldo.
De acuerdo con las informaciones conocidas durante la mañana, el dispositivo policial se ha extendido a diferentes puntos de España. El Imparcial ha informado de seis detenciones en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla, dentro de unas actuaciones que permanecen bajo secreto judicial.
Los agentes también se han desplazado hasta una vivienda del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia para realizar un registro. En el inmueble se encontraba Andrea de la Torre, pareja del antiguo dirigente socialista, a quien los investigadores han formulado preguntas en presencia de un abogado, según las informaciones publicadas.
La nueva investigación judicial se centra en posibles actuaciones irregulares relacionadas con contratos gestionados por Adif Alta Velocidad. El objetivo de los investigadores es esclarecer si existieron mecanismos de intermediación o pagos vinculados a determinadas adjudicaciones de infraestructuras públicas.
La apertura de esta pieza secreta supone una nueva línea de investigación dentro del caso Koldo, que ya había dado lugar a diligencias sobre contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia y sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras públicas.
Entre las personas investigadas en las distintas actuaciones relacionadas con esta causa figuran el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Las pesquisas tratan de determinar el alcance de las posibles irregularidades y las responsabilidades individuales que pudieran derivarse de los hechos examinados.
En el caso de Cristian Corvillo, su relación con Pedro Sánchez se remonta a las primarias socialistas de 2017, cuando participó como conductor durante los desplazamientos del entonces candidato por Andalucía. Posteriormente, su nombre apareció en informaciones sobre las relaciones personales y empresariales de Víctor de Aldama, investigado en otras causas judiciales.
Corvillo también compareció en marzo de 2025 ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, donde optó por no responder a las preguntas de los parlamentarios. En septiembre de 2026 declaró como testigo en una investigación relacionada con un presunto fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, en la que negó su participación en los hechos investigados.
Por el momento, el secreto de las actuaciones impide conocer todos los detalles del nuevo informe policial y el alcance concreto de las imputaciones. La detención de una persona en el marco de una investigación no supone que haya quedado acreditada su responsabilidad penal.
La Audiencia Nacional continúa así con las diligencias para esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con contratos públicos, mientras la Guardia Civil analiza la documentación obtenida y desarrolla las actuaciones autorizadas por el instructor.
