La Fiscalía Europea investiga un posible fraude relacionado con fondos comunitarios destinados al mantenimiento de la línea de alta velocidad (AVE) Madrid-Sevilla. Las pesquisas se centran especialmente en el tramo ferroviario próximo a Adamuz (Córdoba), donde el pasado 18 de enero de 2026 se produjo un accidente ferroviario que dejó 46 víctimas mortales.
El organismo europeo confirmó oficialmente el 20 de marzo la apertura de una investigación para determinar si se habían producido irregularidades en la utilización de recursos económicos procedentes de la Unión Europea destinados a la conservación y mantenimiento de esta infraestructura ferroviaria.
En concreto, la investigación afecta al tramo cercano al punto kilométrico 318,7 de la línea Madrid-Sevilla, situado en las inmediaciones de Adamuz, donde tuvo lugar el accidente ferroviario. La Fiscalía Europea decidió confirmar públicamente la existencia de estas diligencias debido al elevado interés público suscitado por el caso, aunque inicialmente evitó proporcionar información adicional sobre su desarrollo.
La investigación continúa abierta y, según fuentes del organismo europeo citadas por Europa Press el pasado 30 de octubre, se han practicado distintas diligencias durante los últimos meses. Estas mismas fuentes señalaron que se esperan avances importantes en las próximas fechas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil participa también en las investigaciones, con el objetivo de garantizar la coordinación con las actuaciones judiciales relacionadas con el accidente de Adamuz, que se instruyen en un juzgado de Montoro (Córdoba).
La participación de la UCO permite coordinar dos procedimientos que, aunque afectan a una misma infraestructura ferroviaria, tienen objetivos diferentes. Por una parte, la investigación judicial española trata de esclarecer las circunstancias y posibles responsabilidades penales derivadas del accidente ferroviario. Por otra, la Fiscalía Europea examina la utilización de los fondos comunitarios destinados al mantenimiento de las vías.
Uno de los principales elementos de las pesquisas es el análisis de los contratos públicos relacionados con las actuaciones de conservación y mantenimiento de la línea ferroviaria. Para ello, la Fiscalía Europea ha solicitado a Adif todos los contratos suscritos y los correspondientes números de expediente vinculados al tramo donde ocurrió el accidente de Adamuz.
Esta solicitud de documentación quedó reflejada en un oficio judicial que fue difundido públicamente por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El objetivo de estas actuaciones es comprobar las adjudicaciones realizadas y determinar si los recursos procedentes de la Unión Europea fueron utilizados conforme a las condiciones establecidas.
Las pesquisas podrían permitir identificar posibles irregularidades en la adjudicación, ejecución o justificación económica de los contratos relacionados con el mantenimiento ferroviario. Entre los delitos que se examinan figuran el posible fraude de ayudas europeas y la malversación de caudales públicos, aunque la existencia de una investigación no implica que se hayan acreditado responsabilidades penales.
Como juez de garantías encargado de autorizar las diligencias que lo requieran ha sido designado el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Su intervención se enmarca en el procedimiento previsto para las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Europea en territorio español.
La Fiscalía Europea es un organismo independiente de la Unión Europea encargado de investigar y perseguir los delitos que afectan a los intereses financieros comunitarios. Entre sus competencias se encuentran los posibles fraudes relacionados con subvenciones, ayudas públicas y otros recursos económicos procedentes del presupuesto europeo.
La investigación sobre el mantenimiento de la línea Madrid-Sevilla ha adquirido una mayor relevancia después de los accidentes ferroviarios registrados durante 2026 en este corredor de alta velocidad. Al siniestro de Adamuz, ocurrido en enero y que provocó 46 fallecidos, se sumó el accidente registrado el 28 de octubre en Urda (Toledo), que dejó al menos 69 muertos y numerosos heridos, según los balances difundidos posteriormente.
No obstante, por el momento no se ha establecido una relación entre el posible fraude investigado y las causas de los accidentes ferroviarios. Las diligencias europeas se centran en determinar si existieron irregularidades económicas en el destino y utilización de los fondos comunitarios, mientras que las investigaciones judiciales sobre los siniestros buscan esclarecer sus causas y las posibles responsabilidades derivadas de ellos.
El ministro Óscar Puente ha señalado que la intervención de la Fiscalía Europea responde a los procedimientos habituales cuando existen fondos comunitarios involucrados. Asimismo, ha recordado que las investigaciones comenzaron meses atrás, después del accidente de Adamuz.
La Fiscalía Europea mantiene abiertas sus actuaciones y continúa examinando la documentación relacionada con los contratos ferroviarios. Aunque no se ha anunciado un calendario concreto para las próximas decisiones, las fuentes consultadas por Europa Press apuntan a que podrían producirse novedades relevantes en el desarrollo de la investigación.
