La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha valorado positivamente la propuesta del líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de aprobar una ‘ley de nietos vasca’ para que los que abandonaron por causa del terrorismo de ETA el País Vasco o Navarra puedan volver a votar en los municipios en los que estuvieron empadronados, ya que considera que es una “vieja reivindicación”, aunque también “jurídicamente compleja”.
“Esta es una vieja reivindicación de las víctimas del terrorismo y de quienes, durante décadas, se vieron obligados a abandonar el País Vasco como consecuencia de las amenazas de ETA y del clima de miedo, intimidación y hostigamiento generado por la organización terrorista y su entorno”, han recordado fuentes de la AVT consultadas por Europa Press.
Feijóo ha lanzado esta propuesta durante la campaña electoral del 29N para aquellas personas que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por causa de ETA, abogando por una reforma legal para que los los expulsados por el terrorismo voten en el municipio donde estuvieran empadronados. Desde el PNV, su candidata al Congreso por Vizcaya, Maribel Vaquero, ha considerado que la ‘ley de nietos vasca’ puede ser “una especie de reconocimiento de la nación vasca”.
ETA INFLUYÓ EN EL CENSO ELECTORAL
La AVT ha señalado que ETA “no solo asesinó, secuestró y extorsionó”, sino que también consiguió expulsar de su tierra a miles de personas que no pudieron desarrollar su vida en libertad.
“Desde la AVT siempre hemos defendido que la actividad terrorista de ETA tuvo también consecuencias sobre la configuración del censo electoral vasco, al provocar que numerosas personas tuvieran que trasladar su residencia fuera del País Vasco y perdieran, con ello, la posibilidad de participar en sus elecciones”, ha recordado esta asociación.
Por ello, la AVT ha valorado como “razonable” que aquellas personas que puedan acreditar que tuvieron que abandonar el País Vasco como consecuencia de las amenazas o del hostigamiento terrorista puedan recuperar la posibilidad de ejercer su derecho al voto en el territorio del que se vieron obligadas a marcharse.
“Ahora bien”, ha continuado la AVT, “somos conscientes de que se trata de una cuestión jurídicamente compleja, tanto desde el punto de vista de la legislación electoral como por las dificultades probatorias que plantea”.
NO TODAS LAS PERSONAS DENUNCIARON
Según el colectivo de víctimas, no resulta sencillo acreditar las amenazas sufridas ni demostrar que estas fueron la causa determinante del cambio de residencia porque han transcurrido varias décadas de aquella extorsión terrorista.
“No todas las personas que se marcharon denunciaron las amenazas y, en ocasiones, fue precisamente el clima generalizado de intimidación lo que motivó su salida”, han expuesto.
En cualquier caso, para la AVT estas dificultades no deberían impedir que se estudien “posibles soluciones jurídicas que, con las debidas garantías, permitan dar respuesta a una reivindicación histórica”.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































