La Diputación Permanente del Congreso vota mañana los siete últimos decretos ley del Gobierno

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la última reunión de  la Diputación Permane

La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que permanece activo tras la disolución de las Cortes, se reunirá este miércoles para debatir y votar hasta siete decretos ley aprobados por el Gobierno en el último mes.

Estos decretos ley, que la legislación reserva para asuntos de urgencia justificada, entran en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben votarse en el Congreso en el plazo de 30 días paras decidir si se convalidan o se derogan.

Como la Cámara se disolvió al convocarse las elecciones, esa validación se asigna a la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que sustituye al Pleno, donde el Gobierno y sus socios pueden sacar adelante los decretos sin necesidad de Junts. Este órgano cuenta con 69 miembros y PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, que representa al Grupo Mixto, suman 34 votos; frente a los 34 de PP, Vox y Junts, por lo que el voto del PNV resulta decisivo para alcanzar una mayoría de 35.

El pasado jueves se votaron los dos decretos relativos a políticas de vivienda, y uno de ellos salió adelante gracias al apoyo del PNV, mientras que el otro acabó derogado al sumar los nacionalistas vascos sus votos a los de PP, Vox y Junts.

CEUTA, DANA, URDA

Según el orden del día de la Diputación, recogido por Europa Press, este miércoles se debatirán hasta siete decretos ley, empezando por el de medidas urgentes de apoyo financiero a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio, y que contempla subvenciones directas por importe de 45,32 millones de euros para financiar actuaciones derivadas de aquella crisis.

También se votará el decreto de respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026 como consecuencia de la DANA Adam, que incluye medidas en materia agraria, reparación de daños hidráulicos y en la zona marítimo-terrestre, así como para el comercio, el turismo y la hostelería.

Igualmente, figuran los dos decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), uno de ayudas a las víctimas y otro de medidas urgentes para reforzar la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social del personal ferroviario.

El primero establece ayudas por fallecimiento y lesiones que oscilan entre los 2.404 y los 84.141 euros, además de medidas de protección de los consumidores, como la limitación de los precios abusivos que se produce situaciones de emergencia por parte de algunos operadores de transportes.

El segundo modifica la regulación sobre los tiempos de conducción de trenes, los coeficientes reductores de la edad de jubilación de determinadas categorías ferroviarias y la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, tal y como explicó el ya exministro de Transportes Óscar Puente en la Diputación Permanente de la semana pasada.

LOS DECRETOS SOCIALES DE PRECAMPAÑA

Pero además, se debatirán tres de los decretos sociales que ha ido aprobando el Gobierno de coalición en las semanas previas al inicio de la campaña electoral de los comicios del 29 de noviembre.

Uno de ellos amplía la acción protectora de la Seguridad Social e incorpora el trastorno menopáusico y las lesiones derivadas de la violencia de género como supuestos de incapacidad temporal. También modifica las prestaciones por cuidado de menores con enfermedades graves, los requisitos de acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos en común y las pensiones de orfandad en casos de violencia contra la mujer.

Otro decreto contempla medidas para el reconocimiento y protección de las familias monoparentales, con una categoría especial para determinados supuestos, como las familias con dos o más hijos, con un hijo y rentas bajas o con un hijo con discapacidad. También amplía la cobertura de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

Por último, se debatirá un decreto ley para el despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que fija las cuantías mensuales mínimas de protección en 90 euros para la dependencia moderada, 260 euros para la severa y 660 euros para la gran dependencia, además de regular suplementos de crédito para financiar el nivel acordado de protección en 2027.

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