Vox ha centrado sus propuestas de resolución del Debate del Estado de la Nación en escenificar su enmienda a la totalidad a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, planteando más de 140 medidas como “alternativa” al proyecto del actual Ejecutivo, que pasan por el fortalecimiento de la unidad de España, la reducción del gasto político, favorecer la natalidad y el fortalecimiento de las familias, entre otras.
Así se desprende de las quince propuestas de resolución que los de Santiago Abascal han presentado en el Congreso para el Debate del Estado de la Nación. Una de estas propuestas es directamente es una enmienda a la totalidad “a la comunicación” del Ejecutivo”.
Vox pretende con esta herramienta parlamentaria mostrar su “distancia” con el proyecto de Sánchez, al que acusan de haber presentado en el Congreso un texto “triunfalista” del Debate del Estado de la Nación, que, bajo su punto de vista, “avergonzaría a cualquiera con un mínimo sentido de la objetividad”.
Para ello, han presentado un texto de 30 páginas en el que arremeten contra la gestión de Sánchez en diez claves: “Un Gobierno ilegítimo, una desmesurada estructura del Gobierno, una nefasta gestión de la pandemia, la maltrecha situación económica, una política energética contraria al interés nacional, la politización de la justicia, los indultos a los golpistas y la disolución de España, la irrelevancia internacional de España, el trato a las Fuerzas Armadas y la política de Defensa y la falta de respeto a la dignidad de las personas”.
CONTRA LAS COMPETENCIAS DE LAS CCAA
Pero más allá de este rechazo global, Vox también recoge en estas propuestas de resolución varias de sus reivindicaciones históricas y, entre otras cosas, plantea el fortalecimiento de la unidad de España a través de “recuperar las competencias transferidas a las comunidades autónomas”.
En este punto, los de Santiago Abascal piden “suprimir cualquier forma de discriminación entre españoles por la lengua”, acabar con las policías autonómicas, impulsar la ilegalización de partidos “separatistas”, dotar de “la máxima” protección jurídica a los símbolos de España y suspender la autonomía de cualquier comunidad que “atente contra la unidad de España”.
Por otra parte, también recogen en estas propuestas su pretensión de derogar la Ley de Violencia de Género, aprobar una ley de violencia doméstica, retirar el proyecto de ley trans, suprimir el Ministerio de Igualdad, “garantizar la imposibilidad de tratamientos hormonales y cambios de sexo en menores” y “salvaguardar el derecho a la vida”.
REDUCIR EL GASTO POLÍTICO
En cuanto a la reducción del gasto político, plantean auditar y suprimir todo el gasto público a los partidos, sindicatos y patronales, reducir las ayudas directas a los medios de información, acabar con el gasto relacionado con la Agenda 2030 y fijar por ley un número máximo de vicepresidencias y ministerios.
Respecto a la política fiscal, Vox propone poner en marcha un sistema de beneficios fiscales para las familias, eliminar impuestos como el de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, reducir el IVA y rebajar el Impuesto de Sociedades.
También hacen referencia a la soberanía energética, pidiendo derogar las leyes climáticas, abandonar el Acuerdo de París, suprimir el mercado de emisiones, reducir la fiscalidad energética y fomentar las energías renovables inagotables.
En otra clave económica, Vox insta a proteger las empresas que tengan su sede en España, promover el esfuerzo de los controles fronterizos, revisar los acuerdos comerciales de España con terceros países que no cumplan con los derechos de los trabajadores, fomentar el consumo de productos fabricados en España, llevar a cabo una simplifación normativa y una mejora del marco regulatorio, paralizar el desmantelamiento de las centrales términas y reducir los peajes en carretera.
Asimismo, quieren fortelecer y defender “al sector primario” de modo que han planteado la recuperación del principio de preferencia comunitaria y, entre otras cosas, acabar con el Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la UE en todos los sectores en que “produce efecto desfavorable a España”.
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