Arde Lvcvs: todo sobre la polémica moción de censura en el Concello de Lugo

El PP lucense, con doce concejales, está a punto de presentar una moción de censura contra el gobierno bipartito PSOE-BNG del Concello de Lugo, apoyado en el voto decisivo de María Reigosa, exconcejala socialista convertida en no adscrita. La operación, cuya firma podría producirse este mismo jueves, sacudiría un bastión socialista que lleva más de un cuarto de siglo en manos de la izquierda.

Un mandato marcado por la tragedia y la inestabilidad

Para entender la situación actual en el Ayuntamiento de Lugo es imprescindible repasar el convulso historial de esta legislatura. El gobierno municipal ha tenido varios alcaldes desde 2023: tras Lara Méndez, que abandonó el cargo a principios de 2024 para incorporarse al Parlamento gallego como número dos de Besteiro, llegó Paula Alvarellos, que falleció en 2025, siendo sustituida por el actual regidor Miguel Fernández. A ello se suma el fallecimiento del edil Pablo Permuy en septiembre del año pasado, cuya vacante fue cubierta precisamente por María Reigosa. Si la moción prospera, Elena Candia se convertiría en la cuarta persona en ostentar la alcaldía en un único mandato.

Esta cadena de circunstancias ha dejado a la coalición en una posición estructuralmente débil, con un gobierno que suma siete concejales socialistas y cinco del BNG, los mismos doce que aporta el grupo popular en la oposición.

El papel de María Reigosa: de concejala socialista a pieza clave del PP

La figura de María Reigosa es central en toda esta crisis. Desde su incorporación al Ayuntamiento, acumuló desencuentros con la dirección del ejecutivo local: le ofrecieron una dedicación del 70% cuando su predecesora tenía el 100%, alega que le asignaron áreas ajenas a su perfil como ingeniera de caminos y, cuando tomó posesión de la concejalía de Cohesión Territorial, asegura que se encontró con expedientes sin tramitar y facturas sin respaldo administrativo. Su negativa a firmar documentación que consideraba irregular le costó el área y, según sus declaraciones, su militancia en el partido.

La gota que colmó el vaso fue la denuncia por acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que trascendió a finales del año pasado a través del canal interno del PSOE. Reigosa afirmó que, como mujer, no podía continuar en las filas del partido tras conocer cómo se gestionó ese caso.

La concejal siguió un proceso de alejamiento por etapas: en diciembre renunció a la delegación de competencias de Zona Rural, en enero solicitó la baja como militante del PSOE aunque se mantuvo en el grupo municipal, y finalmente en marzo formalizó por escrito su renuncia al grupo socialista para pasar a ser concejala no adscrita, dejando al gobierno bipartito en minoría por primera vez.

La propia Reigosa ha cambiado radicalmente de posición en pocas semanas: pasó de descartar cualquier moción a calificarla de “necesaria” y de “gran oportunidad para la ciudad”, argumentando que su decisión responde a años de frustración con un gobierno que, a su juicio, no ejecuta lo que aprueba en los plenos y que normaliza irregularidades administrativas denunciadas por los propios servicios de Intervención municipal.

La polémica de la plaza en la Xunta: ¿incentivo o coincidencia?

El elemento que ha elevado la temperatura política a su punto más alto es la convocatoria, publicada el martes, de la Jefatura del Servicio de Litoral en Lugo, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, con un plazo de inscripción abierto hasta el 27 de abril.

La plaza en cuestión coincide con precisión con el currículo de Reigosa, ingeniera de Caminos y funcionaria desde 2008 de la Demarcación de Costas del Estado, cuyas competencias fueron transferidas a la Xunta hace apenas unos meses, lo que la convertiría técnicamente en funcionaria autonómica habilitada para optar al puesto. Además, PSOE y BNG señalan que el puesto conllevaría una retribución superior a la que percibe Reigosa en su destino actual, lo que refuerza sus sospechas sobre la naturaleza de la oferta.

Ninguna de las partes interpeladas ha salido al paso de las críticas, aunque cabe señalar que Reigosa ya había aspirado en el pasado a puestos de designación política en la administración del Estado, como ella misma vino a reconocer en alguna ocasión.

Acusaciones cruzadas en un debate sobre la ética política

Los partidos del gobierno local han reaccionado con contundencia. El líder socialista Besteiro calificó la maniobra de “corrupción política” y alertó de una “degradación de la democracia” al mercadear con momentos dolorosos para el partido. En el Parlamento gallego fue más directo: “Sin la muerte de nuestros compañeros nunca llegarían a gobernar Lugo. ¿Qué ética hay en un político que mira a una familia en luto y piensa ‘esta es mi oportunidad’?”, le preguntó a Rueda.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó la operación de “inmoral e indecente políticamente” e instó a Rueda a desautorizarla de inmediato, subrayando que “en política no vale todo”.

Desde el PP, la respuesta ha sido distinta en forma pero no en determinación. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, considera que la moción de censura es “legítima” y la justifica por la necesidad de conformar un gobierno que dé “estabilidad” a la ciudad, recordando además que PSOE y BNG hicieron lo mismo el año pasado en Noia, donde un edil tránsfuga del PP permitió al socialista Francisco Pérez hacerse con la alcaldía.

Este precedente en Noia es el principal argumento de simetría que esgrime el PP para defender la operación en Lugo. La izquierda, por su parte, arguye que cada caso es distinto y que las circunstancias del fallecimiento de concejales hacen éticamente inaceptable esta situación en concreto.

Lo que está en juego

La trascendencia de esta moción de censura va bastante más allá del plano municipal. En Galicia, hablar de hegemonía socialista obliga casi siempre a dirigir la mirada hacia el noreste, hacia la provincia de Lugo. Mientras el Partido Popular acumula mayorías absolutas en el Parlamento autonómico, el PSdeG-PSOE ha convertido Lugo en su principal motor electoral, un territorio donde gobierna la capital, controla la Diputación y suma decenas de alcaldías en los municipios rurales.

Perder la alcaldía en la recta final del mandato por causa de una tránsfuga transmite una sensación de debilidad que acrecienta el daño provocado por la crisis del caso Tomé. La Diputación de Lugo y las ya de por sí limitadas opciones de la izquierda de conquistar el poder en la Xunta están en juego.

Al inicio del año pasado, Rueda anunció a su equipo en el PP que debía trabajar para recuperar aquellos ayuntamientos donde habían ganado las elecciones pero la alianza del PSOE con el BNG u otras fuerzas progresistas les impedía gobernar. Lugo, donde el PP fue la lista más votada en 2023, era el objetivo principal.

Escenarios posibles

Existen varios escenarios abiertos de cara a los próximos días.

Escenario 1: La moción se presenta y prospera. Desde que la moción se registra hay hasta diez días hábiles para celebrar el pleno en el que se vota. Si Reigosa mantiene su apoyo, Elena Candia se convertiría en alcaldesa de Lugo, primera vez que el PP gobernaría la ciudad desde 1999, con un mandato que se extiende apenas hasta junio de 2027.

Escenario 2: Reigosa rectifica en el último momento. El PSOE mantiene abiertos los canales de comunicación con la edil. Los socialistas están centrando más las críticas en el PP que en Reigosa, y el diputado provincial Pablo Rivera le dirigió públicamente una carta en la que le pedía que reconsiderase su posición apelando a su trayectoria y a su palabra dada. Sin embargo, medios locales apuntan a que Reigosa ha puesto condiciones que el PSOE no parece dispuesto a asumir.

Escenario 3: Intervención judicial o administrativa. Si PSOE y BNG logran acreditar que la plaza convocada por la Xunta constituye una contraprestación irregular a cambio del voto de Reigosa, se abriría un escenario judicial de consecuencias imprevisibles. Por el momento, se trata de una denuncia política sin resolución formal.

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