Ayuso asegura que la UE está investigando “Ley Begoña” e intención del Gobierno de “socorrer familiares en apuros”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que el Parlamento Europeo está investigando la ley que busca limitar las acusaciones populares, a la que ha denominado “Ley Begoña”, en referencia a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“El Parlamento Europeo ha decidido investigar el Estado de Derecho en España por los casos más preocupantes: la ‘Ley Begoña’, la libertad de los medios de comunicación para denunciarlo y la falta de independencia del fiscal general Álvaro García Ortiz, imputado por participar en una operación de Estado contra un rival político”, ha declarado Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Críticas a la reforma judicial

Según Ayuso, el Gobierno de Sánchez está “retorciendo las instituciones, manipulando el Poder Judicial y convirtiendo el Tribunal Constitucional en una sala de casación”. También ha criticado la amnistía a los involucrados en los ERE de Andalucía y en el ‘procés’. “Esto se va a saber en Europa y ya nos encargaremos de que no quede impune”, ha sentenciado.

Investigación del Parlamento Europeo

Fuentes del Gobierno regional han informado de que los coordinadores de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo han acordado introducir dos peticiones ciudadanas para analizar el “riesgo para el Estado de Derecho en España” en su próxima sesión del 16 y 17 de marzo.

Una de estas peticiones, registrada el 23 de enero de 2025, denuncia que la Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales busca restringir la acción popular y proteger a familiares de Sánchez. Según el peticionario, la reforma permitiría al Ejecutivo controlar las investigaciones judiciales a través de un fiscal general cuya independencia “está en entredicho”.

Limitación de la acción popular y control judicial

Otra petición ciudadana denuncia que la reforma limita la participación ciudadana en la Justicia, restringiéndola a ciertos delitos y excluyendo a partidos, asociaciones y entidades jurídicas. También introduce una nueva causa de abstención judicial, obligando a jueces a apartarse de casos si han expresado opiniones críticas sobre el Gobierno.

Ante el “riesgo de quiebra del Estado de Derecho”, los peticionarios han solicitado a la Comisión Europea que investigue si esta ley vulnera el derecho comunitario y los principios democráticos de la Unión Europea.