La portavoz del Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha anunciado este martes que su grupo apoyará la Ley de Memoria Democrática tras haber pactado con los grupos del Gobierno que la norma reconozca a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983. Esto incluiría a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada ‘guerra sucia’ contra ETA durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución y podría afectar a los GAL en el primer año de Gobierno de Felipe González, al que llegó en octubre de 1982. También se contempla declarar “ilegales” los tribunales creados por el franquismo.

Este acuerdo permitirá al PSOE y Podemos acercarse a la mayoría suficiente para aprobar la Ley de Memoria Democrática pese a la oposición del PP, Vox y Cs y la falta de acuerdo con ERC, y es que el Gobierno también tiene atado el apoyo del PNV y de otras minorías, como el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

Por lo pronto, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, ERC y Junts se han abstenido este martes en la reunión de la ponencia, pero se reservan la opción de votar en contra en la Comisión Constitucional del lunes o en el Pleno en julio.

UNA COMISIÓN TÉCNICA REVISARÁ LOS CASOS

En virtud de un acuerdo con Bildu y Más País, en un año desde la entrada en vigor, el Gobierno deberá designar una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983”. Ese estudio deberá recoger “posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo”.

También se modifica la exposición de motivos para justificar la creación de esta comisión. En concreto, se menciona la posibilidad de que incluso después de la entrada en vigor de la Constitución, “pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos”.

Preguntada por el alcance de esta enmienda y la posibilidad de que afecte a miembros de ETA torturados o incluso a víctimas de la ‘guerra sucia’ Aizpurua ha incidido en que se refiere a todos los que sufrieron vulneración de derechos humanos, dando a entender que ese colectivo estaría incluido.

Es decir, que podría extenderse a casos como el secuestro de Segundo Marey, que se produjo el 4 de diciembre de 1983, al ser confundido por el etarra Mikel Lujua; al secuestro el 15 de octubre de ese año y el posterior asesinato de José Antono Lasa y José Ignacio Zabala o al atentado de los GAL el 28 de diciembre de 1983 que causó la muerte cuatro días después al dirigente de ETA militar Miguel Angel Goikoetxea ‘Txapela’ en San Juan de Luz.

De su lado, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, ha rehusado extenderse sobre esta cuestión alegando que la ley tiene que pasar aún por la fase de comisión. Eso sí, ha defendido la conveniencia de “profundizar y avanzar en esa investigación de manera rigurosa y pormenorizada” en el ámbito temporal acordado.

Aizpurua se ha felicitado del acuerdo y ha destacado otras dos enmiendas aprobadas. La primera prevé que en un año el Fuerte de San Cristóbal, de Pamplona, utilizado como cárcel durante el franquismo, sea declarado Lugar de Memoria, y que se firme un convenio con el Gobierno foral para poder utilizarlo para la difusión de la lucha antifranquista.

Ciudadanos ve “repugnante” el acuerdo con Bildu: “Que nombren a Otegi ministro y acabemos con la pantomima”

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha tachado de “repugnante” y “estomagante” el acuerdo que los partidos del Gobierno han alcanzado con Bildu para ampliar el ámbito de la Ley de Memoria Democrática hasta 1983, lo que a su juicio implica considerar también franquistas a los gobiernos de Adolfo Suárez surgidos de elecciones democráticas de 1977 y 1979.

En rueda de prensa en el Congreso, Bal ha dicho que le “revuelve el estómago” ver que el PSOE estire hasta cinco años después de la Constitución una ley ideada para investigar crímenes del franquismo, abarcando ahora la Transición, un periodo de numerosos asesinatos de la banda criminal ETA, lo que se conocía como “los años de plomo”.

Y critica especialmente que el pacto se haya alcanzado como una formación como Bildu, que agrupa a las marcas heredera de Batasuna y, por tanto, de ETA. “Es repugnante y asqueroso, no nos merecemos esto”, ha afirmado.

A su juicio, el PSOE muestra una “miseria absoluta” al pactar esto ara sacar adelante su ley y ya sólo faltaría hacer ministro al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, condenado en su día por pertenencia a ETA. “Que nombre a Otegi ministro del interior y acabamos con la pantomima”, ha apostillado.