El Constitucional inicia mañana el debate sobre el aborto con la intención de sortear las recusaciones y avalar la ley

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en el Pleno que comienza este martes el recurso presentado en 2010 por el PP contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la intención de sortear las recusaciones lanzadas por ex diputados ‘populares’ contra varios magistrados para poder avanzar así hacia el debate de fondo y avalar íntegramente la ley, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

El recurso presentado hace ya más de una década por 71 miembros del Grupo Parlamentario Popular será uno de los asuntos que aborde el Constitucional en el Pleno que celebrará esta semana, en el marco del plan ideado por el nuevo presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, para desatascar el tribunal empezando por dar salida a los casos más antiguos.

El Pleno estudiará el recurso ‘popular’ en base a una propuesta del magistrado Enrique Arnaldo que, según dichas fuentes, valida prácticamente la totalidad de la ley del aborto –que supuso implantar el sistema de plazos–, planteando solo su inconstitucionalidad respecto al artículo 17 al considerar que no garantiza suficientemente que haya un consentimiento informado por parte de la mujer.

Además, la ponencia pone el foco sobre dos cuestiones que estima constitucionales siempre que se interpreten como propone Arnaldo. Se trata del aborto terapéutico, para acotar que el concepto de salud solo se refiere a la salud física o psíquica; y de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, para que abarque a todos los implicados en las actuaciones previas o posteriores a la intervención.

Las fuentes precisan que la ponencia guarda silencio sobre la cuestión del consentimiento paterno en los casos de abortos de menores de 16 y 17 años porque, aunque era uno de los preceptos impugnados, el Gobierno de Mariano Rajoy lo derogó en 2015, con lo que el recurso ‘popular’ habría perdido su objeto en este punto.

CUATRO MAGISTRADOS CUESTIONADOS

El debate sobre el recurso del aborto está amenazado por las recusaciones que 5 de los 71 diputados ‘populares’ que firmaron el recurso de inconstitucionalidad, entre ellos el ex ministro Federico Trillo, han formulado contra cuatro magistrados: Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, alegan que Conde-Pumpido era el fiscal general del Estado cuando el Consejo Fiscal que presidía informó el anteproyecto de ley; que Montalbán y Espejel eran vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que informó igualmente el borrador; y que Campo fue secretario de Estado de Justicia durante los años 2009 a 2011.

Si estos cuatro magistrados fueran apartados –voluntariamente o por decisión del Pleno– el Constitucional se quedaría sin los al menos 8 magistrados que se necesitan para resolver válidamente, ya que ahora mismo el tribunal está integrado por 11 magistrados.

Conde-Pumpido, Campo y Montalbán han rechazado abstenerse, pero Espejel sí ha optado por apartarse, en una decisión que deberá ser avalada o, en su caso, rechazada por el Pleno.

Fuentes de la corte de garantías indican que lo más probable es que el primer día, este martes, los magistrados se dediquen a estudiar las tres recusaciones y la abstención de Espejel, para adentrarse en el fondo del asunto ya en la sesión del miércoles.

Las mismas fuentes avanzan que el Constitucional aplicará su reiterada doctrina para evitar la falta de ‘quorum’. A ello añaden que las razones alegadas no tienen la fuerza suficiente para poner en duda la imparcialidad de estos cuatros magistrados, al tiempo que cuestionan que esta mínima representación de los recurrentes originales (5 de 71) tenga capacidad para recusar.

Una vez superado el escollo de las recusaciones y la abstención, la ahora mayoría progresista del TC (de 7 magistrados frente a 4) es partidaria de declarar constitucional la ley del aborto en toda su extensión, de acuerdo con las citadas fuentes.

De ser así, se podría producir un cambio de ponente. Llegado el caso, Arnaldo podría ajustar su borrador a lo manifestado por el Pleno o renunciar directamente a la ponencia. El presidente también podría retirarle del asunto para encargarlo a otro magistrado.

CASCADA DE RECUSACIONES Y ABSTENCIONES

Además, el Pleno estudiará otros temas en los que se han lanzado recusaciones contra varios magistrados, sobre todo contra Campo, que en la mayoría de los casos ha optado por abstenerse, bien por su anterior cargo como ministro de Justicia, bien por tratarse de impugnaciones dirigidas contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, su pareja sentimental.

Algunas voces del Constitucional achacan la ola de recusaciones a la que se enfrenta en este momento el tribunal a una estrategia de “presión” para entorpercer su labor.

En concreto, Campo se ha apartado del recurso del ex diputado ‘morado’ Alberto Rodríguez contra la decisión adoptada por Batet el 22 de octubre de 2021 de retirarle el escaño en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a un mes y 15 días de prisión por un delito de atentado a la autoridad, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo, por propinarle una patada a un policía durante una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife).

Se ha abstenido igualmente del recurso de amparo parlamentario formulado por el PP contra la decisión de la jefa de la Cámara Baja, el 13 de septiembre de 2021, de no pedir al Gobierno los expedientes completos de los indultos concedidos a los líderes del ‘procés’, una medida de gracia que se concedió cuando Campo aún formaba parte del Ejecutivo.

Misma decisión ha tomado Campo respecto a los recursos presentados en su día por PP, Vox y Ciudadanos contra los acuerdos adoptados por Batet por los que se admitieron todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución empleadas por diputados electos de Unidas Podemos y de formaciones independentistas.

Campo también se ha hecho a un lado en asuntos como la ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica; la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia; y la Ley de Educación.

DÍEZ SE VUELVE A ABSTENER DEL RECURSO SOBRE EL 25%

El Pleno también analizará la abstención de Laura Díez del recurso de PP y Ciudadanos contra el decreto-ley de Cataluña 6/2022 por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos; y contra la Ley de Cataluña 8/2022 sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

La ex alto cargo de Moncloa ya se abstuvo en el pasado Pleno del recurso de Omnium Cultural contra la decisión del TC de rechazar su personación en la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que el Constitucional revise la ley aprobada por el Govern que elimina la obligatoriedad de impartir el 25% de las clases en castellano.

La razón de la abstención de Díez es que firmó varios dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma.

Asimismo, el TC decidirá si admite a trámite los recursos de Vox contra la Ley de Memoria Democrática y la Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca.