El Gobierno ha activado ya el nuevo paquete de medidas anticrisis tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el objetivo de mitigar el impacto económico derivado del contexto internacional marcado por la guerra en Oriente Próximo. El decreto entra en vigor de forma inmediata, aunque deberá ser convalidado en el Congreso en las próximas semanas.
Entre las principales iniciativas destaca la intervención en el mercado del alquiler. El Ejecutivo ha establecido un límite del 2% en la subida anual de los alquileres durante 2026 y 2027, una medida que busca contener el encarecimiento de la vivienda en un momento de elevada inflación. Además, se contempla una prórroga automática de los contratos de arrendamiento que expiren antes del 31 de diciembre de 2027, con una duración anual prorrogable hasta un máximo de dos años.
Esta extensión de los contratos solo podrá evitarse en casos concretos, como cuando el propietario necesite la vivienda para uso propio o de familiares directos, siempre que esta condición esté recogida en el contrato original. Asimismo, el decreto introduce excepciones: la subida del alquiler podrá superar el 2% si el propietario no es un gran tenedor y existe acuerdo entre ambas partes.
El paquete anticrisis no se limita al ámbito de la vivienda. El Gobierno también ha aprobado medidas fiscales para aliviar el coste de la energía y los carburantes. Entre ellas figura la rebaja del IVA de la electricidad y los combustibles, que pasa del 21% al 10%, así como reducciones en los impuestos especiales de hidrocarburos. Estas iniciativas buscan trasladar el ahorro directamente a los consumidores y frenar el impacto de los precios energéticos.
Además, el plan incluye otras actuaciones económicas relevantes, como ayudas directas a sectores afectados y mecanismos de control para evitar incrementos injustificados de precios. En este sentido, se reforzará la supervisión por parte de organismos como la CNMC para garantizar que las rebajas fiscales se reflejen en los precios finales.
El conjunto de medidas forma parte de un plan más amplio que moviliza miles de millones de euros y pretende proteger a hogares y empresas ante una situación de incertidumbre económica. No obstante, su continuidad dependerá de la validación parlamentaria, ya que en caso de no ser convalidado, el decreto quedaría derogado, aunque las medidas aplicadas durante su vigencia seguirían siendo válidas.
