La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado a la movilización social desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros ante la posibilidad de que el Congreso tumbe el decreto para prorrogar los contratos de alquiler. Díaz ha advertido de que el Ejecutivo “no será el responsable” de que la Cámara Baja haga decaer el decreto, sino que la responsabilidad recaerá en los grupos que voten en contra.
En este contexto, la ministra ha defendido que, aunque “hay batallas que se pierden en las Cortes, están ganadas en la calle”, insistiendo en la importancia de la presión social. “El llamamiento es a la movilización social. Los derechos se ganan desde los Ejecutivos, desde los sindicatos, desde los colegios profesionales y desde la movilización. Por tanto, si deciden tumbar la norma, yo clamo a la ciudadanía a que se organice”, ha subrayado.
Díaz ha señalado que desde Sumar “no se van a rendir” y que el espacio político estudiará “todas las medidas posibles para continuar defendiendo a la gente”. “Unos se colocarán del lado del daño, de la destrucción y del mal, y el Gobierno de España sigue trabajando por mejorar la vida de la gente”, ha remarcado la vicepresidenta segunda.
Asimismo, ha recordado que la vivienda es actualmente la principal preocupación de la ciudadanía y ha instado a seguir el debate parlamentario sobre la convalidación del decreto. La ministra ha destacado que desde la entrada en vigor de la norma hace un mes, “miles y miles” de ciudadanos han solicitado a sus caseros la prórroga de sus contratos de alquiler.
En relación a las críticas sobre la estrategia seguida por Sumar, Díaz ha defendido que fue “acertada”, pese a las dudas sobre su viabilidad parlamentaria. Según ha explicado, la medida ha beneficiado a miles de personas durante su vigencia. “Hicimos esa apuesta sabiendo lo que hacíamos. Dimos una oportunidad a los inquilinos y hemos acertado”, ha afirmado.
Por otro lado, fuentes del Ministerio de Trabajo han animado no solo a la movilización social, sino también a recurrir a los tribunales en caso de que el Congreso rechace el decreto. El objetivo sería explorar vías legales que permitan mantener o recuperar las medidas de protección a los inquilinos.
En paralelo, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que todas las iniciativas que salen del Consejo de Ministros son asumidas como proyectos del conjunto del Ejecutivo. “Son proyectos del Gobierno por los que todos debemos empujar y trabajar para su convalidación”, ha afirmado.
En línea con Díaz, Cuerpo ha señalado que el apoyo ciudadano a la medida es “transversal”, según reflejan diversas encuestas recientes. No obstante, ha subrayado que corresponde a cada partido explicar el sentido de su voto en el Congreso. En caso de que el decreto no sea convalidado, el Gobierno continuará buscando soluciones ante lo que considera una “emergencia habitacional”, con el objetivo de lograr futuras mayorías parlamentarias.

























































































































































































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