Sumar pide expropiar viviendas

El diputado, Alberto Ibáñez, ha defendido en el Congreso una serie de medidas para “frenar la especulación en el mercado inmobiliario·, entre ellas la expropiación a grandes tenedores, medida que reclama como urgente y valiente, además de la limitación de la compra de viviendas por parte de empresas y grandes corporaciones. Según ha explicado, el objetivo es evitar que las sociedades acumulen inmuebles y contribuyan al encarecimiento del alquiler.

Ibáñez, portavoz de Vivienda del grupo parlamentario, ha insistido en que la formación volverá a llevar al Congreso una proposición de ley en este sentido. La iniciativa plantea impedir que empresas, fondos de inversión y otras entidades jurídicas continúen adquiriendo viviendas para uso residencial, una práctica que, a su juicio, distorsiona el mercado y dificulta el acceso a la vivienda.

La propuesta ya fue presentada anteriormente, pero no superó el trámite parlamentario tras el rechazo de PP, Vox y Junts, mientras que el PSOE optó por la abstención. Pese a ello, Sumar ha decidido reactivar la iniciativa y forzar un nuevo debate en la Cámara Baja, aprovechando cambios recientes en el contexto político.

En sus intervenciones, el diputado ha subrayado que España presenta un alto nivel de concentración de vivienda en manos de grandes tenedores. “No es normal que en España haya empresas que acumulen decenas de miles de viviendas”, ha señalado, denunciando que esta situación repercute directamente en la subida de los precios del alquiler.

Además de la prohibición de compra por parte de empresas, desde Sumar también se han planteado otras medidas como aumentar la fiscalidad a grandes propietarios o limitar prácticas especulativas. El objetivo, según Ibáñez, es garantizar el acceso a la vivienda y frenar una dinámica que considera perjudicial para la mayoría social.

En paralelo, dentro del debate político se han planteado propuestas más contundentes por parte de sectores del espacio progresista, como la posibilidad de intervenir el mercado o incluso expropiar viviendas en manos de grandes tenedores en situaciones de emergencia habitacional. Estas ideas se enmarcan en un contexto de creciente presión social por el encarecimiento de la vivienda y las dificultades de acceso, especialmente entre jóvenes y colectivos vulnerables.