La salida de la crisis en España dependerá y mucho de los fondos, programas y préstamos que puedan llegar desde la Unión Europea. Tanto la Comisión Europea como el BCE han anunciado la puesta en marcha de ambiciosos programas de apoyo a los distintos países, que se deberán poner en marcha en los próximos meses.

Las cuantías a destinar son muy grandes, y, si como parece, se abre una pequeña posibilidad de "recuperación en 'V'", podrían ser suficientes para evitar el colapso de las economías de los paises más endeudados, como son Italia y España. Ahora bien, ¿qué condiciones se exigirán a los distintos países para tener derecho a acceder a esas ayudas y programas?

Durante las últimas semanas se ha incidido una y otra vez en algo obvio: el Plan de Reconstrucción que quiere implementar Ursula von der Leyen exigirá unos presupuestos del Estado creíbles (deben estar listos antes del último trimestre del año) y unas cuentas no demasiado desajustadas. Se habla también de posibles exigencias en materia de flexibilización del mercado laboral y de reformas estructurales que conviertan a la economía en más eficiente. Todas esas posibles restricciones podrían poner en un brete al gobierno, porque pueden ir en contra de su propio discurso y de promesas electorales. Habrá que ver cómo se encajan en el documento presupuestario, en la reforma laboral, y en otras normas a implementar en los próximos meses. Europa espera y Europa, finalmente, exigirá.

Pero no solo habrá exigencias de ese tipo, digamos, ortodoxo. Desde más allá de los organismos europeos, el FMI, en los últimos días, ha emitido informes donde pone de manifiesto la necesidad de garantizar ingresos mínimos y, a la vez, avanzar en otras medidas de tipo ecológico. La lucha contra el cambio climático vuelve también a la agenda, si cabe con más fuerza que antes. Esto pone en cuarentena los postulados de otros grupos políticos españoles, que han cuestionado repetidamente la eficacia de estas propuestas.

Para movilizar las inversiones necesarias, la Comisión presenta una doble respuesta:

• El ahora llamado 'Plan Next Generation', nuevo instrumento de recuperación dotado con 750.000 millones de euros, que destinará al presupuesto de la UE una nueva financiación obtenida en los mercados financieros durante el periodo 2021-2024.
• Un presupuesto europeo a largo plazo reforzado para el periodo 2021-2027 (1,1 billones de euros).

La meta es hacer evolucionar a la sociedad europea hacia un entorno sostenible y digital. Se habla por ello de un "pacto verde" y de un compromiso necesario de los estados para llegar a una profunda digitalización, lo cual deberá suponer un impulso de nuevas energías y paradigmas ecológicos "cada vez más avanzados" que pueden chocar con postulados tradicionales de los partidos más conservadores.

Por último, de la mano de lo anterior, se pretende llevar a cabo una auténtica revolución digital, capitaneada por el 5G, que tendría un potencial para crear al menos 100.000 empleos y, lo que es aún más importante, generar una dinámica social y facilidades para la comunicación y la interacción que cambiarían todo el panorama económico actual.

Los retos que plantean todos estos programas de la Unión Europea alcanzan a la misma línea de flotación y a los discursos de casi todos los partidos políticos españoles, porque, por unas razones o por las opuestas, casi todos ellos han sostenido algún tipo de discurso contrario a medidas que marcarán nuestro futuro en los próximos años.