Se avecinan tiempos difíciles, y unos de los más importantes retos a los que nos enfrentaremos serán los cambios en la fiscalidad. Están en estudio y en los próximos meses, coincidiendo con unos presupuestos que deberán estar listos a finales de septiembre, veremos en qué se concretan las nuevas medidas fiscales que se adoptarán para hacer frente al incremento de gastos públicos que la pandemia va a originar.

En este contexto, algunos hablan de "tasa Covid" para referirse a lo que, tradicionalmente, se ha denominado "impuesto a las grandes fortunas". Esta idea, la de gravar con un impuesto específico a quienes más tienen, subyace al tradicional Impuesto sobre el Patrimonio, que es competencia de las comunidades autónomas y cuya capacidad recaudatoria, hoy por hoy, es mínima. La idea, desde hace años, ha sido recogida y defendida por Unidas Podemos. Pablo Iglesias la ha mencionado en varias ocasiones desde que comenzó la crisis. El problema, precisamente, es que establecer un tributo nacional que grave, por ejemplo, a quienes dispongan de un patrimonio superior a dos millones de euros (o a la cifra que se determine) choca con las competencias autonómicas actuales. Eso puede resultar interesante para el gobierno si se trata de ahondar el enfrentamiento con la Comunidad de Madrid, cuya estrategia consiste precisamente en rebajar hasta hacer desaparecer la tributación efectiva por impuestos como el de Patrimonio, pero, sobre todo, el de Sucesiones. Además, el hipotético nuevo impuesto tampoco gusta a algunos barones territoriales del propio PSOE, ni a varios ministros socialistas, que creen que es una manera de introducir sin más en la mesa del consejo de ministros el discurso de Podemos.

Pero hay otra acepción que está ganando terreno para referirse a la "tasa Covid". Algunos establecimientos, tales como terrazas, peluquerías, bares, y otros abiertos al público, se han lanzado a cobrar un "suplemento covid" a sus clientes. Este sobreprecio se justifica porque el aforo que puede cubrir es inferior al anterior a la crisis, con la consiguiente reducción de ingresos, y porque actualmente es necesario poner en marcha unas medidas de limpieza e higiene que encarecen el servicio. El asunto de momento no ha pasado de ser una mera anécdota, y desde asociaciones de consumidores como FACUA se advierte de que el cliente puede negarse a pagar el recargo que aparezca en tickets y similares. Sin embargo, el telón de fondo es más profundo: si los servicios de hostelería y restauración, y otros muchos abiertos al público, van a ver disminuir ingresos y aumentar gastos al tener que atender a menos clientes en el mismo espacio, y con mayores medidas profilácticas, es probable que intenten una subida de precios que compense las pérdidas que están asumiendo. Y si esa subida de precios, en lugar de reflejarse en un concepto aparte, se incluye como mayor valor del servicio prestado, no parece que pueda impedirse.

En algunos casos como las subidas en funerarias y servicios directamente ligados a la situación que hemos pasado, el Ministerio de Consumo ha denunciado el establecimiento de tarifas abusivas e intentado poner coto mediante fijación de tarifas que respeten los precios existentes antes del 14 de marzo, pero para muchos otros sectores parece casi imposible establecer algún tipo de control, porque además eso abocaría al cierre de los establecimientos por falta de rentabilidad.