Domingo por la tarde. Decenas de miles de españoles están sentados ahora mismo, desgastando su propio sillón, consumiendo su propia electricidad, pagando su propia conexión a internet, e incluso a menudo usando su propio ordenador, para sacar adelante trabajos por cuenta ajena a los que están obligados, y asumiendo una disponibilidad horaria que no tendrían si su trabajo se ciñera al tradicional "presentismo" de la oficina.

Porque "la oficina" tal y como se la conocía tradicionalmente, puede estar quedándose definitivamente atrás. Según la encuesta de Sigma Dos que El Mundo publica hoy, a pesar de que el confinamiento está acabando, la mitad de los trabajadores (un 47,7%) ya se han reincorporado presencialmente a sus puestos, pero la otra mitad (un 48,4%) aún no lo han hecho. Y, de esos, muchos siguen en casa, consumiendo recursos de los que se beneficia su empresa.

Varios estudios señalan que en la mayoría de los países occidentales, si hasta marzo las horas teletrabajadas suponía entre el 2% y el 25% del total, pasada esta crisis se han consolidado, de golpe, en niveles de entre el 12% y el 45%.

En España a finales de 2019, según un informe del Banco de España, solo el 7,5% de los empleados eran a la vez teletrabajadores, y el total de horas desarrolladas en esa modalidad laboral era bastante inferior a esa cifra, porque incluso para una mayoría de ellos otra parte de la jornada era presencial.

Pero la situación ha cambiado súbitamente y hay que adaptarse. En España el gobierno tiene diseñados ya planes para el teletrabajo de sus propios empleados, que podrá llegar hasta el 20% de las horas empleadas, y que en algunos casos se podrá estirar hasta el 80%. Está pendiente una regulación concreta sobre cómo asumirán las administraciones públicas los gastos que eso supone a sus empleados.

Pero el asunto fundamental son las empresas, que es donde reside la mayoría de la fuerza laboral y donde la desigualdad entre el empleador y el empleado, y sobre todo la posibilidad siempre presente del despido, puede dar lugar a mayores abusos.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social está elaborando un borrador que contemplará un listado detallado de costes que deberán ser compensados, a lo que hay que añadir la ampliación de las competencias de la inspección laboral, para que lleguen a la actividad domiciliaria, y aspectos a tener en cuenta como la prevención de riesgos en un ámbito distinto, así como la consideración de "accidente laboral" para los ocurridos en jornadas difusas, y toda una nueva problemática que acaba de surgir.

El ministerio trabaja con prisa, pero no se quieren dar plazo concretos para el desarrollo de la ley, ni mucho menos para su tramitación parlamentaria y efectiva entrada en vigor. Lo que no se desea es que la materia quede exclusivamente en manos de los convenios colectivos, porque entonces no tendría la generalidad necesaria y, además, no existirían mecanismos externos de control, que, dada la dificultad de este, consideran en el ministerio que deben regularse con carácter general para todos los trabajadores.

Yolanda Díaz quiere que la nueva ley, además de contar con los informes técnicos preceptivos, cuente también con el acuerdo de empresarios y sindicatos, porque sin la voluntad de ambas partes cualquier normativa en este asunto podría quedarse en papel mojado. El problema básico es cómo obligar a las empresas a ser corresponsables de los costes y cómo verificar el cumplimento de lo que se establezca, cuando no existen ya ni un solo lugar ni un tiempo concretos en que poder inspeccionar.