El asunto de qué ocurrirá cuando se regrese a la “nueva normalidad” y cómo se organizará definitivamente el trabajo en las administraciones públicas ha dado un primer resultado con el acuerdo firmado por el ministerio de Administraciones Públicas que dirige Carolina Darias y los sindicatos. A partir del 22 de junio y hasta que finalice la pandemia, se establecen mecanismos de trabajo a distancia que permitirán a los funcionarios compaginar este con el presencial.
No obstante, hay límites: la forma ordinaria de trabajo seguirá siendo la presencial, y la norma general es que se podrá teletrabajar un 20% de la jornada (un día a la semana). La opción por esta modalidad laboral será siempre voluntaria para los funcionarios de la Administración General del Estado, que es a los únicos que afectará en principio esta medida. El funcionario podrá posteriormente renunciar a ella, y también podrá ser exceptuada o cancelada por la administración por razones organizativas o de necesidades del servicio, o en caso de cambio de circunstancias.
Por otro lado, determinados colectivos de funcionarios especialmente vulnerables a la enfermedad, los que tengan a su cargo la atención a personas dependientes o a hijos menores de 14 años, podrán tener medidas de flexibilización mayor que llevarían a teletrabajar hasta un máximo de cuatro de cada cinco días.
Se adoptará también con carácter general la atención al público mediante cita previa, priorizando la gestión no presencial. En caso de que sea necesaria la presencia física, se limitará el aforo, y se prevén también mecanismos de flexibilización de horarios para atender las necesidades de esta nueva etapa, con la posibilidad de llegar a ampliar estos hasta las 21:00 horas.
El acuerdo, que se hará público en los próximos días, afectará en principio a los funcionarios de la Administración General, pero se espera que se produzcan otros similares para las administraciones locales y autonómicas.
