La crisis en que estamos viviendo afecta a numerosos sectores, y entre ellos, al del automóvil. Con los desplazamientos limitados, el fomento de las actividades que los evitan, y la gran incertidumbre sobre el futuro, las decisiones sobre compras de vehículos son de las primeras que dejan para otro momento los ciudadanos, de forma que el volumen de ventas en este sector ha caído bruscamente en todo el mundo. En el caso de España, además de la caída de la demanda interna, el problema se acrecienta porque producimos una cantidad muy superior de vehículos a la que consumimos, de forma que gran parte de la producción va a la exportación, liderada por empresas multinacionales cuya sede y poder de decisión está más allá de nuestras frontera. En este contexto se han producido anuncios de abandono importantes, como el de Nissan, que tiene previsto dejar sus instalaciones de Barcelona antes de fin de año, con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

El sector aporta un cifras muy relevantes a la economía española, casi una décima parte del PIB, una quinta de las exportaciones y seiscientos mil empleos. Para frenar los efectos negativos de la situación actual, el gobierno anuncia hoy la puesta en marcha de un plan integral de reactivación, que supondrá una inyección de 3.750 millones de euros. Las líneas básicas serán:

• Ayudas para la modernización de la flota.
• Reformas legales para impulsar la competitividad.
• Cambios fiscales para hacer más atractivo el sector.
• Unos 100 millones de euros para el Plan Moves (vehículos eléctricos)
• 250 millones para compra directa que implique renovación de la flota y mejora energética.
• Plan Reindus, líneas ICO y otras vías de financiación.
• 415 millones en I+D+i, en materias como investigación en movilidad sostenible, hidrógeno, innovación industrial y conectividad.
• Planes para la formación y capacitación de trabajadores.