El anuncio de Nissan, realizado esta misma mañana, de su intención de proceder al cierre de sus instalaciones de Barcelona (las de la zona franca, Sant Andreu y Montcada) ha destapado todas las alarmas.
Los planes suponen el despido de entre 2.800 y 3.500 personas (según las diversas fuentes), que se concretaría a más tardar antes de fin de año. Además, implican a toda una serie de empleos y empresas accesorias, que conllevaría la pérdida de otros 20.000 a 30.000 empleos indirectos. Por último, el efecto que todo ello supondría en la economía local acarrearía pérdidas más difusas pero perfectamente perceptibles en otros sectores de la economía barcelonesa. Nissan ha tomado la decisión ante la complicada situación de su alianza con Renault, el “exceso de capacidad instalada” por ambas en el conjunto de España y en concreto en Cataluña, y la falta de proyectos para fabricar nuevos modelos en las instalaciones barcelonesas.
Por ello, y por el riesgo de que decisiones parecidas se generalicen, este movimiento de la multinacional japonesa preocupa y mucho tanto a la Generalitat como al gobierno central. Ambos ejecutivos van a intentar ahora revertir la situación, y, si no es posible, idear medidas alternativas para minimizar el impacto. Tienen unos meses de plazo.
Recordemos que la situación generada por el COVID-19 implicará la pérdida a finales de año de cientos de miles de puestos de trabajo y, más probablemente, millones. Ese es el contexto de reducción de demanda y por tanto producción, en que se enmarca la medida de Nissan, máxime cuando las compras de automóviles no solo se han desplomado en el mercado nacional, sino que también han experimentado fuertes recortes en el mundial.
Por otro lado, Nissan afirma que las instalaciones de que dispone en Ávila y Cantabria no se verán afectadas por esta decisión porque no han perdido la rentabilidad de forma tan acusada como las barcelonesas, tienen carga de trabajo y pueden mantener un nivel razonable de producción en las adversas condiciones actuales.
