Desde los comienzos del partido, Podemos ha hecho gala de no recurrir a financiación bancaria ni a cuotas de afiliados, sino tener un modelo de financiación basado en aportaciones voluntarias y en los fondos que llegaban por las obligatorias de los cargos públicos.

El sistema funcionó a la perfección mientras el partido crecía, las campañas de financiación entre simpatizantes daban buen resultado, y elección tras elección el partido conseguía más cargos públicos, pero comenzó a hacer aguas cuando, sobre todo a partir de 2018, las cosas se dieron la vuelta, los simpatizantes empezaron a ser menos "generosos" y el número de cargos públicos dejó de crecer y comenzó a bajar.

Sobre la militancia, Podemos ha virado este año hacia un modelo más cercano al de otros partidos, y opta por introducir una cuota mensual, cifrada inicialmente en tres euros, que deberán hacer frente los militantes salvo en los casos en que acrediten falta de recursos. Con ello conseguirá unos ingresos más estables, no dependientes de campaña, y un listado de personas "pertenecientes" al partido más realista.

Pero la otra pata de la financiación, las aportaciones de cargos públicos, está dando más problemas. Suprimido el límite de tres SMI (netos) que siempre había mantenido el partido, que implicaba que el exceso que percibieran los cargos públicos debía ingresarse en favor de Podemos, ahora se opta por un sistema mixto y de porcentajes, que supone que quien más pueda más pague (pero no la totalidad de ningún exceso) y quien más responsabilidades asuma, más reciba.

La combinación de ambos factores lleva a que, según el borrador inicial que ha puesto el partido encima de la mesa, los cargos públicos deberán ceder un porcentaje de sus ingresos aunque no lleguen a percibir tres veces el SMI (será pequeño, de entre un 5% y un 10%), que los diputados donarían alrededor de un 20% del total neto, los altos cargos como secretarios de estado, desde un 15% hasta un 35%, pero los ministros, en atención a su mayor responsabilidad, lo harían en un 15%.

El efecto final es que los que hasta ahora no pagaban, tendrán que pagar algo, los que pagaban bastante deberán seguir haciéndolo, y los ministros, incluidos los vicepresidentes, pueden ver notablemente reducida su aportación.

Las críticas no se han hecho esperar, y la decisión ha quedado de momento en punto muerto hasta que el borrador acabe de matizarse algo para que no levante tantas ampollas dentro y fuera del partido.