El CGPJ concluye sin acuerdos su reunión extraordinaria sobre el auto de Peinado contra Begoña Gómez

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido este domingo de forma extraordinaria para analizar la resolución dictada por el juez Juan Carlos Peinado en la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, el encuentro ha finalizado sin la adopción de acuerdos ni medidas concretas por parte del órgano de gobierno de los jueces.

La convocatoria extraordinaria se produjo tras la controversia generada por el auto de 84 páginas dictado por el magistrado instructor, en el que acuerda la apertura de juicio oral contra Gómez y adopta diversas medidas cautelares mientras continúa la tramitación del procedimiento.

Peinado envía a juicio oral a Begoña Gómez

En su resolución, el juez Juan Carlos Peinado ordenó la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días ante la autoridad judicial. Las mismas medidas fueron acordadas para Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno.

El magistrado justificó la adopción de estas medidas cautelares durante el tiempo que dure la tramitación de la causa y hasta que exista una resolución firme. Entre los argumentos recogidos en el auto figura la necesidad de garantizar la disponibilidad de las investigadas ante la justicia y evitar posibles riesgos procesales.

La decisión fue adoptada tras la audiencia preliminar celebrada esta semana en los juzgados de Plaza de Castilla, donde las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, reiteraron su petición de retirada de pasaporte, prohibición de salida de España y comparecencias periódicas.

La defensa denunció falta de garantías

La defensa de Begoña Gómez había solicitado previamente el aplazamiento de la audiencia preliminar inicialmente prevista para el pasado 9 de junio. Su abogado argumentó que la rapidez con la que se estaba desarrollando el procedimiento dificultaba el adecuado ejercicio del derecho de defensa y podía comprometer las garantías procesales.

Desde el entorno de la investigada se ha cuestionado además la proporcionalidad de las medidas adoptadas por el juez instructor y la fundamentación jurídica de la resolución.

Moncloa acusa al juez de actuar por motivaciones políticas

La reacción del Gobierno no se hizo esperar. Fuentes del Palacio de la Moncloa calificaron la decisión judicial como una muestra de “persecución”, “obsesión” y “desproporción” por parte del magistrado instructor.

Según dichas fuentes, la instrucción carece de una base jurídica sólida y responde a motivaciones de carácter político. El Ejecutivo considera que el procedimiento se ha convertido en un foco permanente de confrontación institucional y cuestiona la actuación del juez desde el inicio de la investigación.

La resolución ha vuelto a situar el caso en el centro del debate político nacional, alimentando las acusaciones cruzadas entre Gobierno y oposición sobre la independencia judicial y la utilización partidista de los tribunales.

La polémica sobre las referencias a la Policía

Uno de los elementos que motivó la convocatoria extraordinaria de la comisión permanente del CGPJ fueron determinadas afirmaciones recogidas en la resolución del juez Peinado sobre la actuación policial durante la investigación.

Estas referencias provocaron la reacción del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que trasladó formalmente su malestar ante el órgano de gobierno de los jueces. Desde el Ministerio se consideró que algunas manifestaciones contenidas en la resolución afectaban a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La reunión extraordinaria celebrada este domingo tenía entre sus objetivos analizar el alcance institucional de esas afirmaciones y estudiar la posibilidad de alguna respuesta por parte del CGPJ.

Reunión extraordinaria sin acuerdos

Finalmente, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial concluyó sus deliberaciones sin adoptar ningún acuerdo.

Fuentes del órgano confirmaron que la reunión terminó sin que se aprobara ninguna actuación específica en relación con las quejas planteadas por el Ministerio del Interior ni respecto al contenido de la resolución del juez Peinado.

La ausencia de acuerdos evita, por el momento, una nueva escalada institucional entre el Gobierno y el Poder Judicial, aunque la polémica continúa abierta tanto en el plano político como en el judicial.

Un nuevo episodio de tensión institucional

La apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y las medidas cautelares acordadas por el juez Peinado han generado una nueva controversia en un caso que desde hace meses ocupa una posición central en el debate público.

Mientras el Ejecutivo denuncia una actuación judicial desproporcionada y con motivaciones políticas, las acusaciones sostienen que la causa debe continuar su curso hasta la celebración del juicio.

La decisión del CGPJ de no adoptar medidas ni pronunciarse sobre el fondo del asunto deja ahora el foco nuevamente en los tribunales, donde continuará desarrollándose un procedimiento que sigue teniendo una enorme repercusión política e institucional.