La Dirección General de la Policía Nacional ha reiterado “la más absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor, la integridad y el prestigio” de sus funcionarios tras las consideraciones recogidas en el auto del juez Juan Carlos Peinado por el que se acuerda la apertura de juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la retirada de su pasaporte por riesgo de fuga.
En un comunicado difundido este domingo, la institución policial ha mostrado su rechazo a las referencias incluidas en la resolución judicial en las que se apunta a una hipotética participación de escoltas policiales en una eventual elusión de la acción de la justicia. La Dirección General ha considerado “injustificada cualquier argumentación que sitúe bajo la sombra de la sospecha la labor de los agentes”, al entender que tales afirmaciones pueden cuestionar el comportamiento profesional de los funcionarios encargados de labores de protección y seguridad.
Asimismo, el organismo ha señalado que resulta improcedente sugerir que miembros de la Policía Nacional pudieran colaborar en el incumplimiento de medidas cautelares o en actuaciones contrarias a las resoluciones judiciales por parte de personas bajo custodia o escolta. En este sentido, ha defendido el compromiso de los agentes con el cumplimiento de la legalidad y con las funciones que les encomienda el ordenamiento jurídico.
La Dirección General ha recordado que los integrantes de la Policía Nacional desempeñan sus funciones conforme a lo establecido en el artículo 104.1 de la Constitución Española, que les atribuye la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Según recoge el comunicado, dicha labor se desarrolla “bajo los principios de neutralidad política, absoluta imparcialidad y estricto sometimiento al imperio de la ley”.
La institución ha subrayado además que estos principios excluyen de manera total el cumplimiento de órdenes que resulten manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico. Por ello, ha insistido en que los agentes actúan siempre dentro del marco legal y de acuerdo con los procedimientos establecidos por las normas vigentes.
En su nota, la Policía Nacional ha afirmado que “la honorabilidad de la Policía Nacional se fundamenta en su trayectoria de servicio público y en la confianza que la sociedad deposita en ella”, al tiempo que ha rechazado cualquier valoración de carácter especulativo que pueda perjudicar la imagen y el crédito institucional acumulado durante décadas de servicio.
Igualmente, el organismo ha reiterado “el compromiso inquebrantable de todos sus agentes con la legalidad constitucional y la colaboración con los tribunales de justicia”, destacando que la cooperación con la Administración de Justicia forma parte esencial de las responsabilidades que desempeñan diariamente los funcionarios policiales.
El comunicado concluye precisando que la defensa de la honradez y honestidad de los agentes en el ejercicio de su profesión es plenamente compatible con el respeto institucional a la independencia judicial y al conjunto de decisiones y resoluciones adoptadas por los órganos del Poder Judicial, al que define como uno de los pilares fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho.
