El Congreso reactiva hoy la reforma de Reglamento que regula actividades con ‘lobbies’ e incluye sanciones a diputados

El Congreso reactivará este martes la reforma del Reglamento con la que busca regular las relaciones de la Cámara con los grupos de interés y que contempla sanciones para los diputados que incumplan las previsiones reglamentarias.

La iniciativa vuelve a la agenda parlamentaria apenas unos días después de que se admitiera a trámite otra modificación de las normas internas destinada a permitir la suspensión temporal y la imposición de multas de hasta 2.000 euros a los diputados que alteren el orden durante las sesiones y sean expulsados del hemiciclo. Esta propuesta fue registrada por el PSOE tras el incidente protagonizado en abril por el diputado de Vox José María Sánchez, que accedió al estrado de la Mesa y mantuvo un enfrentamiento con una letrada y con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

La reforma que se retoma ahora fue impulsada hace un año por el PSOE para regular la actividad de los grupos de interés o ‘lobbies’ en el Congreso y, al mismo tiempo, reforzar el régimen sancionador aplicable a diputados y grupos parlamentarios. La ponencia encargada de estudiar las enmiendas registradas por las distintas formaciones se reunirá este martes para avanzar en la tramitación de la proposición de ley.

La norma prevé mecanismos para actuar contra los diputados o grupos parlamentarios que incumplan las obligaciones establecidas en el Reglamento o en el Código de Conducta de las Cortes Generales. Entre las infracciones contempladas figuran la falta de presentación de declaraciones de bienes, actividades o intereses económicos, así como la omisión de información relevante o la inclusión de datos falsos.

Las denuncias podrán ser presentadas por grupos parlamentarios, la Mesa del Congreso, una comisión o la Secretaría General de la Cámara ante la Comisión del Estatuto de los Diputados. Este órgano decidirá si inicia o no un procedimiento de investigación. En caso de rechazarlo, deberá informar a la Mesa del Congreso, que dispondrá de un plazo de un mes para revisar esa decisión.

Si la comisión aprecia indicios suficientes, abrirá una investigación, dará audiencia al afectado y practicará las pruebas necesarias. La instrucción deberá concluir en un plazo máximo de cuatro meses. Posteriormente podrá proponer sanciones graduadas en función de la gravedad de los hechos, desde un apercibimiento con publicación de la infracción en la página web de la Cámara hasta la retirada de cargos y complementos salariales.

La sanción más severa podría dejar a un diputado percibiendo únicamente su asignación constitucional, ya que la decisión definitiva corresponderá al Pleno del Congreso.

Entre las enmiendas presentadas, ERC y EH Bildu plantean endurecer las restricciones a las llamadas “puertas giratorias”. Ambas formaciones proponen que ex altos cargos del Gobierno, exdiputados y exsenadores no puedan actuar como representantes de grupos de interés en el Congreso hasta transcurridos cuatro años desde el abandono de sus responsabilidades públicas.

La propuesta original del PSOE fija un periodo de incompatibilidad de dos años. Sin embargo, ERC y Bildu consideran insuficiente ese plazo y defienden ampliarlo para reforzar las garantías de integridad institucional, prevenir conflictos de interés y responder a las demandas de mayor transparencia en las relaciones entre el sector público y los grupos de interés.

Por su parte, el PNV apuesta por ampliar el alcance de las incompatibilidades a todo el personal público susceptible de influencia en la toma de decisiones. La formación vasca se remite a la definición recogida en el proyecto de ley sobre transparencia e integridad de los grupos de interés, que incluye a miembros de gabinetes, personal directivo y otros empleados públicos implicados en la elaboración de normas o en la ejecución de políticas públicas.

Los nacionalistas vascos quieren extender la prohibición de ejercer actividades de lobby durante dos años a un abanico más amplio de cargos públicos, además de exdiputados y exsenadores.

El PP también ha registrado una enmienda específica para los antiguos diputados que desarrollen actividades de representación de intereses relacionadas con el proceso de decisión parlamentaria. Los populares reclaman que estas actividades sean comunicadas a la Cámara y que quienes las ejerzan no puedan beneficiarse de determinadas prerrogativas reservadas a los exparlamentarios mientras desempeñen labores de influencia.

Finalmente, Junts propone aclarar que la actividad de influencia regulada por esta reforma debe realizarse de forma profesional. Asimismo, PNV, ERC, EH Bildu y BNG buscan excluir de la futura normativa a las entidades sociales y asociaciones sin ánimo de lucro, permitiendo que mantengan contactos con los grupos parlamentarios sin necesidad de inscribirse en el registro de grupos de interés que prevé crear la Cámara.