PSOE y Unidas Podemos ya han solicitado en el Congreso la tramitación urgente de la proposición de ley que limita las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mandato judicial, lo que reduce prácticamente a la mitad los plazos del procedimiento para aprobarla.
Las mismas fuentes han detallado que también la intención de los dos grupos es habilitar en enero la Comisión de Justicia para abordar el nuevo texto legislativo. Con todo ello, su aprobación podría estar lista en febrero o marzo. En este sentido, ayer el Congreso dio luz verde a la toma en consideración de la reforma impulsada por ambas formaciones, iniciativa que ha recibido el voto en contra del PP, Vox y Ciudadanos.
Esta reforma legislativa, que al ser registrada como proposición de ley y no como proyecto del Gobierno no requiere informe del CGPJ ni del Consejo de Estado, busca complementar la que PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso en octubre para rebajar las mayorías necesarias para renovar los vocales del turno judicial del CGPJ.
Pablo Echenique, ha subrayado que “nunca una tramitación de urgencia estuvo más justificada” ante la negativa del PP a renovar la cúpula del Poder Judicial, algo que constató ayer tras la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder popular, Pablo Casado.
El contexto de estos cambios legislativos es la imposibilidad de lograr la renovación de los cargos dentro del Consejo General, cuyos vocales están en funciones desde hace más de dos años, al haberse cumplido su mandato. Esta renovación tradicionalmente se hacía por acuerdo entre PP y PSOE, al requerir mayoría de tres quintos de los miembros del Congreso, pero en los últimos años los numerosos desencuentros y el clima político creado lo han hecho imposible.
El Partido Popular pone como condiciones para la renovación una garantía de pluralidad en los nuevos designados, avanzar hacia un cambio en el modelo general de nombramiento y que Podemos no sea considerado a la hora del reparto. Estas condiciones, pero sobre todo la última, se consideran inaceptables por parte del conglomerado gubernamental.
Aunque se ha estado cerca del acuerdo en varias ocasiones a lo largo de 2020, finalmente ha sido imposible. Mientras el gobierno acusa al PP de obstruccionismo, este afirma que el ejecutivo pretende una reforma antidemocrática de la institución, al pretender que pueda renovarse solo por mayoría absoluta, y ha acudido a las instituciones europeas para impedirla.
Con las elecciones catalanas del 14 de febrero a la vista, parece que la situación no cambiará hasta entonces, y se precipitará justo después, bien con un acuerdo in extremis, bien con un cambio legislativo que será cuestionado y probablemente recurrido judicialmente por la oposición.
