El juez autoriza a la UCO a rastrear las cuentas del novio de Ayuso

El juez Antonio Viejo ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dentro de la causa que analiza sus negocios con el grupo sanitario Quirón.

La decisión llega después de varios meses de espera desde que los investigadores solicitaran acceso a la información financiera del empresario. El magistrado ha ordenado requerir datos a 16 entidades bancarias para obtener movimientos, saldos y otra documentación económica relacionada con González Amador y varias personas de su entorno desde 2014 hasta la actualidad.

Investigar un posible aumento patrimonial

Según el auto judicial, el objetivo es determinar si el empresario ha experimentado un incremento patrimonial “desmedido” y si dicho crecimiento puede estar vinculado a los hechos que se investigan en la causa. La UCO pretende reconstruir el patrimonio real de los investigados y analizar el origen de los fondos obtenidos durante los últimos años.

La investigación se centra en una pieza separada abierta por presunta corrupción en los negocios. Los investigadores analizan, entre otras operaciones, la compra de una empresa sin actividad por aproximadamente medio millón de euros a la esposa de un directivo de Quirón, una transacción que la Fiscalía y la Agencia Tributaria consideran potencialmente relevante para esclarecer el origen de determinados ingresos.

Un nuevo impulso a la investigación

La autorización judicial supone un avance significativo en una causa que había permanecido prácticamente paralizada durante meses debido a la falta de autorización para acceder a la información bancaria y societaria del empresario. Con esta decisión, la UCO podrá comenzar a analizar la documentación financiera y elaborar un informe sobre la evolución patrimonial de González Amador y las operaciones bajo sospecha.

El resultado de estas diligencias será clave para determinar si existen indicios suficientes para ampliar la investigación o incorporar nuevos delitos relacionados con posibles comisiones encubiertas, blanqueo de capitales o corrupción entre particulares.