El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la declaración del Pazo de Meirás, situado en el municipio de Sada (A Coruña), como lugar de memoria democrática al considerarlo como “uno de los espacios más significativos para comprender la historia contemporánea de Galicia y de España”.
La resolución apunta que la trayectoria histórica del Pazo de Meirás “está estrechamente vinculada a dos realidades de enorme trascendencia y muy diferente significado”: la figura de Emilia Pardo Bazán, “una de las escritoras más relevantes de la literatura española contemporánea”, y la dictadura franquista, “que convirtió el inmueble en uno de sus principales símbolos de poder”.
Según el BOE, durante la Segunda República Meirás quedó asociado a sectores políticos y sociales “contrarios al nuevo régimen democrático y fue asimismo escenario de conflictos agrarios que reflejaban las profundas tensiones sociales y políticas del período”. “Algunos miembros de la familia participaron en conspiraciones antirrepublicanas relacionadas con los procesos golpistas de 1932 y 1936, convirtiendo el lugar en un escenario representativo de las fracturas que precedieron a la Guerra de España”, expone,
Así, argumenta que la dimensión de estos sucesos “convierte a Meirás en un lugar esencial para la memoria democrática” cuando además, en plena Guerra Civil, se constituye el 3 de marzo de 1938 la denominada ‘Junta Pro-Pazo del Caudillo’, integrada por el gobernador civil de A Coruña y diversas autoridades provinciales y locales, con “el objetivo de adquirir el inmueble para entregárselo a Francisco Franco”. “La operación se financió mediante aportaciones forzosas impuestas a ayuntamientos, funcionarios y particulares, en un contexto de represión y coacción política”, recuerda.
PROCESO REPRESIVO
El BOE indica que durante el proceso de acondicionamiento del pazo se ampliaron los terrenos “mediante técnicas represivas y coactivas”, que desposeyeron a los legítimos propietarios de las fincas colindantes. Además, se efectuaron “apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”.
“Al ser utilizado por el dictador como residencia oficial estival, adquirió una función política, de explicación de la naturaleza del franquismo y de la represión; una función simbólica, de representación, y tuvo un gran impacto en la vida local, incluida la articulación de redes locales y provinciales del poder franquista”, prosigue la argumentación.
El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, tras una demanda presentada por Abogacía del Estado, sentenció que el Pazo era propiedad del Estado, declarando nula y sin efecto la donación personal del mismo a Franco a su familia.
Dos meses después se cumplió la sentencia y, desde el 10 de diciembre de 2020, dejó de ser propiedad de la familia Franco y pasó a ser patrimonio del Estado. La sentencia fue corroborada por la Audiencia Provincial de A Coruña, el 12 de febrero de 2021, y por el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid, que, el 7 de noviembre de 2024, otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los bienes reclamados.
