Apertura de juicio oral contra González Amador

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha acordado la apertura de juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su presunta implicación en un fraude contra la Hacienda Pública. La resolución supone un paso decisivo en el procedimiento judicial, al considerar finalizada la fase de instrucción y abrir la puerta a la celebración del juicio.

La causa se centra en un presunto fraude fiscal relacionado con los ejercicios de 2020 y 2021. La acusación sostiene que González Amador habría utilizado un entramado de facturas supuestamente falsas para reducir artificialmente la carga tributaria de sus sociedades y evitar el pago de impuestos. La cuantía presuntamente defraudada asciende a 350.951 euros, según el escrito de acusación.

Cuatro delitos en el banquillo

Además de los dos delitos contra la Hacienda Pública, el empresario será juzgado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro delito continuado contable. La jueza considera que existen indicios suficientes para que los hechos sean enjuiciados, si bien será el tribunal competente quien determine finalmente su responsabilidad penal.

La apertura de juicio oral constituye el último trámite antes de la celebración de la vista, una vez que las acusaciones y la defensa presenten sus escritos definitivos. En esta fase, el acusado dispone de un plazo para formalizar su escrito de defensa y proponer las pruebas que estime oportunas.

Una causa con gran repercusión política

El procedimiento ha adquirido una notable dimensión política debido a la relación de González Amador con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Paralelamente, el caso dio origen a otra investigación que culminó con el procesamiento y posterior juicio del entonces fiscal general del Estado por la filtración de información confidencial relacionada con este procedimiento tributario.

Por el momento, la apertura de juicio oral no implica una declaración de culpabilidad, sino el reconocimiento judicial de que existen indicios suficientes para que los hechos sean examinados en un juicio con todas las garantías. Será el tribunal encargado del caso quien, tras la práctica de la prueba y la celebración de la vista oral, determine si González Amador es culpable o inocente de los delitos que se le atribuyen.