La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un nuevo informe remitido al Tribunal Supremo que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría percibido más de 300.000 euros procedentes de la empresa Servinabar mediante un sistema de pagos que los investigadores sitúan al margen de los cauces legales habituales. El documento constituye uno de los principales avances de la investigación sobre la presunta trama de adjudicaciones irregulares vinculada al denominado caso Koldo.
Según la investigación, los agentes han reconstruido una serie de movimientos económicos y documentación que apuntarían a que Servinabar actuó como vehículo para canalizar importantes cantidades de dinero hacia Cerdán. La Guardia Civil considera que dichos pagos no respondían a una relación mercantil ordinaria, sino que formarían parte de un sistema de retribuciones “fuera del circuito legal”, extremo que deberá ser valorado por el Tribunal Supremo durante la instrucción.
Servinabar, en el centro de la investigación
El informe refuerza además la tesis de los investigadores sobre la estrecha vinculación entre Cerdán y Servinabar. La UCO ya había localizado previamente documentación privada que atribuía al exdirigente socialista el 45% de las participaciones de la empresa, contradiciendo la versión mantenida hasta entonces por su defensa, que había negado ser propietario de la sociedad.
Los agentes sostienen que Servinabar obtuvo importantes ingresos gracias a contratos adjudicados en unión temporal de empresas con Acciona, llegando a representar estas adjudicaciones la mayor parte de la facturación de la compañía. Parte de esos fondos habrían terminado, según la hipótesis policial, beneficiando directamente a Santos Cerdán mediante pagos que no habrían quedado reflejados en los mecanismos ordinarios de retribución.
Investigación abierta
Las conclusiones de la UCO forman parte de la investigación judicial que dirige el magistrado del Tribunal Supremo sobre la presunta red de cobro de comisiones vinculada a contratos públicos durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. La Guardia Civil considera que existen indicios de que Cerdán desempeñó un papel central en la gestión de las relaciones con determinadas empresas constructoras y en la canalización de los presuntos beneficios económicos derivados de esas adjudicaciones.
Por el momento, las conclusiones recogidas en el informe constituyen la posición de los investigadores y deberán ser contrastadas durante el procedimiento judicial. La defensa de Santos Cerdán ha rechazado las acusaciones y mantiene que no cometió irregularidad alguna.

























































































































































































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