El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, ha exigido explicaciones “urgentes” al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por sus “cinco años de silencio” en el caso Mascarillas, que investiga el supuesto amaño de contratos para el cobro de comisiones en la Diputación de Almería, tras haberse suspendido este jueves la declaración del exvicepresidente segundo Fernando Giménez por la indisposición de su abogado defensor.
Según ha indicado el PSOE-A en una nota, Ayala ha advertido de la “extrema gravedad” de la causa. “No hablamos de una trama aislada”, ha afirmado, antes de aludir a “una presunta estructura vinculada al PP que utilizó la institución como instrumento para obtener ‘mordidas'”.
El dirigente socialista ha criticado que el PP mantenga en cargos públicos de la institución provincial a personas señaladas en la causa y ha sostenido que la comisión de investigación local se convirtió en un “paripé para tapar responsabilidades políticas”.
Ante el bloqueo de nuevas comisiones de investigación en la Diputación y en el Parlamento andaluz, Ayala ha anunciado que el PSOE volverá a registrar la solicitud en ambas instituciones, porque “lo esencial ya no es saber cómo se contrató, sino quién se benefició y quién lo permitió”.
El secretario de Organización del PSOE de Almería ha señalado que el inicio de las declaraciones deja “demasiadas preguntas en el aire que los almerienses merecen conocer”, y ha exigido conocer “quién daba las órdenes, quién pedía las comisiones y quién se llevó el dinero procedente de los sobrecostes”.
Para Ayala, resulta “urgente aclarar cuánto dinero ha costado esto al bolsillo público” y desde cuándo era consciente el PP de una manera de operar que, según las investigaciones, podría remontarse al año 2016.
Por otro lado, el dirigente del PSOE ha preguntado directamente a Vox qué va a hacer con respecto a esta causa a pocos días de que se constituya el Parlamento andaluz. En este sentido, ha planteado si la formación va a imponer “condiciones firmes” respecto a esta presunta trama de corrupción.
Ayala también ha cuestionado si, por el contrario, la formación presidida por Santiago Abascal optará por “mirar para otro lado”, como, según ha indicado, ocurrió en el año 2023, cuando se retiró voluntariamente de la acusación popular pese a tener en sus manos la llave de la gobernabilidad de Moreno.
MÁXIMA CELERIDAD
Por su parte, la coordinadora provincial de IU en Almería, María Jesús Amate, ha reclamado este jueves “máxima celeridad” en la instrucción del caso Mascarillas.
“Desde nuestra formación política esperamos que todo se instruya de la forma más diligente y con la máxima rapidez posible”, ha manifestado Amate, quien ha lamentado el aplazamiento de la que había quedado fijada como la primera declaración prevista entre los 43 investigados que figuran en la causa.
Para la dirigente de IU existe un “riesgo de bloqueo en los tribunales”. “Lo que más nos preocupa es que este caso se dilate en el tiempo como desgraciadamente ya ocurrió con el caso Poniente”, ha advertido en relación a la trama política y empresarial vinculada al Ayuntamiento de El Ejido cuya instrucción se prolongó durante nueve años.
A juicio de la coordinadora, la suspensión de este jueves “confirma los peores temores de la organización” puesto que “desde el primer minuto” los propios implicados “van a intentar retrasar las comparecencias para que los almerienses no conozcamos la verdad”, según ha interpretado.
No obstante, confía en que los “retrasos iniciales no impidan levantar las alfombras de la institución provincial tras años de sospechas”. “Esperamos que por fin sepamos la verdad de lo que ha estado ocurriendo en la Diputación Provincial a lo largo de estos años”, ha añadido.
Desde la organización han incidido en que “mantienen su personación en la causa penal” como una herramienta “indispensable” para “fiscalizar el uso del dinero público en la provincia”.
“Nosotros estamos personados en este caso porque queremos que se aclare hasta el último detalle, que se rindan responsabilidades políticas y penales, y también que se devuelva todo lo robado o supuestamente sustraído a los almerienses”, ha defendido Amate.
Para la coordinadora provincial, la sociedad almeriense es “la principal perjudicada por una trama de enriquecimiento ilícito protagonizada por personas que, presuntamente, utilizaban sus cargos en la Diputación Provincial y sus responsabilidades en empresas para beneficio propio”.

























































































































































































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